La manifestación prevista para el próximo 24 de enero en Cartagena ha sido aplazada. No por desmovilización ni por cansancio, sino por una decisión estratégica de la ciudadanía organizada, que ha optado por esperar al resultado del Pleno municipal del día 29, una cita clave en la que el Ayuntamiento deberá pronunciarse sobre la posible exclusión de los macroproyectos fotovoltaicos que amenazan suelo agrícola y espacios de alto valor ambiental.
El aplazamiento llega en un momento decisivo. Las plataformas vecinales, colectivos sociales y movimientos en defensa del territorio consideran que el Pleno puede marcar un punto de inflexión. Si el Ayuntamiento atiende las demandas vecinales y frena estos proyectos, se hablará de un éxito colectivo, fruto de la presión social, del trabajo constante y de una ciudadanía que no ha dejado de alzar la voz en defensa del interés común.
Pero el mensaje es claro: no se trata de una retirada. Si el Pleno no responde a las exigencias planteadas, la manifestación se convocará de nuevo, con más fuerza, mayor respaldo social y una movilización aún más amplia. La organización insiste en que la lucha continúa y que el aplazamiento no es un punto final, sino una pausa consciente para medir las decisiones políticas que están por venir.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue vigilante, organizada y preparada. El debate va más allá de una fecha concreta y pone sobre la mesa una cuestión de fondo: el modelo de transición energética que se quiere imponer y sus consecuencias sobre el territorio. Los colectivos recuerdan que no se oponen a las energías renovables, sino a una implantación desordenada, sin consenso social y con graves impactos sobre el suelo agrícola y el entorno del Mar Menor.
El mensaje final resuena con fuerza entre quienes defienden el territorio: este suelo no se negocia. La transición energética solo será justa si escucha a quienes viven en él y lo cuidan cada día. El 29 de enero será decisivo. Cartagena espera, observa y no baja la guardia.
