El referéndum del 15 de diciembre de 1976 marcó un hito en la historia contemporánea de España. Fue el primer paso hacia la transición de un régimen dictatorial a un sistema democrático, iniciando una transformación política, social y económica que moldearía el país en las décadas posteriores. Sin embargo, este proceso, que supuso una verdadera conquista cívica en su momento, plantea hoy preguntas sobre el alcance de los cambios logrados, el estado de nuestras instituciones y los restos de una herencia histórica que, para muchos, aún no ha sido enterrada.
El contexto y significado de la Ley para la Reforma Política
El referéndum fue una herramienta clave en el camino hacia la democracia. Promovida por el gobierno de Adolfo Suárez bajo el reinado de Juan Carlos I, la Ley para la Reforma Política se convirtió en el último eslabón legislativo del franquismo y el primero del nuevo sistema democrático. Su objetivo era desmantelar legalmente las estructuras de la dictadura desde dentro, dando paso a un sistema basado en la soberanía popular.
El apoyo masivo que obtuvo la ley —un 97,36 % de votos afirmativos con una participación del 77,8 %— evidenció un deseo mayoritario de cambio. Sin embargo, este porcentaje también plantea interrogantes. ¿Fue un verdadero respaldo popular o un voto condicionado por un contexto en el que aún no existía una libertad plena de expresión ni una pluralidad política consolidada?
El recorrido de España desde entonces
Desde aquel momento, España ha recorrido un largo camino. La Constitución de 1978, nacida del consenso entre diferentes fuerzas políticas, sentó las bases de un Estado social y democrático de derecho, proclamando la igualdad, la libertad y la justicia como valores fundamentales. Durante los años ochenta y noventa, España consolidó su democracia, se integró en la Comunidad Europea y vivió un crecimiento económico significativo. Este periodo fue un ejemplo de reconciliación y modernización para otros países en transición.
Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. La corrupción, las tensiones territoriales, la desigualdad económica y la incapacidad de abordar cuestiones de memoria histórica han generado críticas al modelo nacido de la Transición. Aunque España ha avanzado notablemente, persisten desafíos estructurales que reflejan un malestar con ciertos aspectos del sistema.
¿Es nuestra Constitución un marco obsoleto?
La Constitución de 1978 ha sido, sin duda, un pilar esencial de la democracia española. Pero su vigencia no debería considerarse inmutable. En más de 45 años, la sociedad ha cambiado profundamente: las demandas de igualdad, la pluralidad identitaria, los retos tecnológicos y climáticos, y la globalización exigen adaptaciones que la Carta Magna no siempre contempla.
La falta de reformas estructurales, como la actualización del modelo territorial o la adecuación de instituciones como el Senado, evidencia un anquilosamiento en el sistema político. Además, la judicialización de los conflictos políticos, como los relacionados con Cataluña, pone de manifiesto la dificultad de encontrar respuestas políticas dentro de un marco legal que muchos consideran rígido o desfasado.
La herencia del franquismo: ¿un capítulo cerrado?
La dictadura franquista dejó profundas cicatrices en la sociedad española. Aunque la Transición apostó por el consenso y la reconciliación, esta apuesta implicó silencios deliberados sobre el pasado. La Ley de Amnistía de 1977, que facilitó el regreso de exiliados y perdonó crímenes políticos, también blindó a quienes habían cometido violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Décadas después, España sigue lidiando con las huellas de aquel régimen. La falta de una política integral de memoria histórica ha perpetuado tensiones. El debate sobre el Valle de los Caídos, las fosas comunes aún sin exhumar y el reconocimiento de las víctimas del franquismo son temas que dividen a la sociedad. Para algunos, abordar estas cuestiones es abrir heridas cerradas; para otros, es una deuda pendiente con la justicia y la dignidad.
Reflexión crítica: un sistema en busca de renovación
La España de 1976 y la de 2024 son dos realidades muy distintas, pero comparten algo esencial: una sociedad que busca avanzar hacia un futuro mejor. El éxito de la Transición fue construir una democracia partiendo de un régimen autoritario, pero sus limitaciones radican en haber dejado sin resolver cuestiones fundamentales. Hoy, el reto es doble: preservar lo que hemos logrado y renovar lo que ya no funciona.
La Constitución y el sistema político necesitan reformas que respondan a las necesidades de las nuevas generaciones. Esto no significa rechazar el legado de la Transición, sino adaptarlo a una realidad que exige más transparencia, más igualdad y más participación ciudadana. Asimismo, cerrar definitivamente el capítulo del franquismo no debería verse como una amenaza al consenso, sino como una oportunidad para construir una memoria compartida y justa.
En definitiva, España tiene el potencial de ser un ejemplo de cómo las democracias pueden renovarse sin traicionar sus raíces. Pero para ello, es imprescindible que sociedad y líderes políticos se atrevan a debatir, consensuar y actuar con valentía. Si el referéndum de 1976 fue el inicio de una nueva etapa, quizás sea hora de emprender otra, sin los lastres del pasado y con la mirada puesta en un futuro más inclusivo y democrático.
José Antonio Martínez Pérez
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