En el corazón de toda democracia auténtica, el principio de igualdad ante la ley debe ser sagrado. Pero en España, ese principio se diluye bajo el peso de una estructura jurídica viciada, donde más de 250.000 ciudadanos están aforados, es decir, protegidos por un blindaje legal que los aleja de los tribunales ordinarios. Esta cifra, desorbitada e insultante, incluye a más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a 17.600 personas pertenecientes a instituciones del Estado y comunidades autónomas, según datos del propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Este privilegio, que en su origen pretendía garantizar la independencia de los cargos públicos frente a posibles presiones, se ha convertido en un mecanismo de protección y encubrimiento para aquellos que deberían dar ejemplo con su conducta: políticos, jueces, altos funcionarios y miembros de la Casa Real. Lo que se presenta como una excepción técnica ha devenido en una coartada legal para la impunidad.
¿Cómo puede confiar la ciudadanía en una justicia que ha sido legislada por y para quienes la gobiernan? ¿Cómo puede mantenerse la legitimidad de un sistema en el que quien redacta las leyes se asegura de quedar al margen de ellas?
La Justicia secuestrada
La percepción ciudadana es clara, y no es nueva: la justicia está politizada, partidizada, instrumentalizada. Las cúpulas judiciales se reparten entre cuotas de poder, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez donde los grandes partidos pactan sus movimientos, no en defensa de la independencia judicial, sino de sus propios intereses.
Los ciudadanos están hartos, indignados y asqueados. Lo que antes se murmuraba en voz baja, hoy se grita en plazas, redes sociales y medios alternativos: “La justicia ya no es ciega, ahora guiña el ojo a quien lleva corbata y poder”.
Los casos de corrupción, malversación o tráfico de influencias que afectan a políticos, expresidentes, jueces o figuras públicas de alto nivel, suelen acabar en eternos procesos, sobreseimientos por defectos de forma o penas ridículas que refuerzan la sensación de que en España la justicia no es igual para todos. Y lo más doloroso es que esa justicia es sostenida con los impuestos del ciudadano común, que no goza de aforamiento ni de privilegios procesales.
Una élite blindada
El aforamiento es solo la punta del iceberg. La realidad es más obscena: existe una casta de poder que se protege a sí misma desde las instituciones. Cuando un político se equivoca, se le premia con un cargo en Europa. Cuando un juez falla a favor del poder, asciende en la jerarquía judicial. Cuando un miembro de la realeza comete irregularidades, se activa el protocolo del silencio institucional.
El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: la ley es una red de seguridad para unos pocos y una trampa para los demás.
Una justicia al servicio de intereses oscuros
Aún más grave es el uso de la justicia como arma política para destruir rivales, no para impartir justicia. En los últimos años hemos sido testigos de cómo denuncias falsas, bulos fabricados, querellas estratégicas y filtraciones interesadas se han convertido en tácticas para desprestigiar, entorpecer campañas electorales o provocar dimisiones forzadas. El llamado lawfare —la guerra judicial— ha echado raíces en el panorama político español.
Cuando la justicia se presta a estas maniobras, no sólo pierde su neutralidad, sino que deja de ser justicia. Las mentiras y las campañas de desinformación no pueden tener eco en los tribunales. Jueces y fiscales tienen la obligación ética y profesional de identificar el uso torticero del sistema judicial y rechazarlo con firmeza.
Una democracia sana exige que quien utiliza la justicia como un campo de batalla partidista sea sancionado con todo el peso de la ley. No puede haber indulgencia para quienes convierten los tribunales en trincheras políticas. La justicia debe ser implacable con quienes la pervierten.
¿Reforma o ruptura?
España necesita una reforma urgente, profunda y sin maquillajes. No se trata solo de reducir el número de aforados —que ya sería un avance— sino de redefinir la estructura moral del sistema judicial, recuperar su independencia real y cortar de raíz el cordón umbilical que lo une al poder político.
Pero esta reforma no vendrá de quienes hoy se benefician del sistema. Vendrá de la presión ciudadana, del despertar de una sociedad que ya no quiere ser espectadora de su propia burla. Vendrá de una generación que no teme señalar con el dedo a quienes prostituyen la justicia y ensucian la democracia.
Justicia ejemplar, no protectora
Los políticos, jueces y miembros de la realeza deben ser los primeros en rendir cuentas, no los últimos. Su responsabilidad institucional y moral exige que estén sometidos a un escrutinio aún mayor que el resto de los ciudadanos. Solo así podrán recuperar la confianza perdida.
Una sociedad justa no se construye desde el privilegio, sino desde la equidad. Y una justicia justa no protege al poderoso, sino que lo vigila con lupa.
Mientras esto no suceda, el hartazgo seguirá creciendo. Y con él, el riesgo de que la desafección hacia la política y las instituciones acabe dinamitando los pilares mismos de la democracia.
España no necesita más discursos. Necesita una justicia sin apellidos, sin escudos, sin privilegios. Una justicia limpia. Una justicia de verdad.
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