Cartagena ha vuelto a hacer su parte. Una vez más. El Ayuntamiento ha remitido este 14 de abril el último estudio de tráfico requerido por el Gobierno de España, un documento que, sobre el papel, debería despejar definitivamente el camino para la construcción de la ansiada Ciudad de la Justicia en Santa Lucía. Han pasado años de informes, ajustes técnicos y trámites administrativos, y la sensación que queda es clara: la pelota está ya en el tejado del Estado.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, trasladó este nuevo avance al decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez Bernal, en un encuentro que evidenció algo más que coordinación institucional: dejó entrever el cansancio de una ciudad que lleva demasiado tiempo esperando una infraestructura esencial. Desde 2020, el Consistorio ha respondido a cada exigencia técnica planteada por los ministerios implicados. En 2024 culminó la mutación demanial de los terrenos y, previamente, ya había trabajado en los proyectos de accesos y urbanización. Incluso en 2022, la Dirección General de Carreteras dio su visto bueno a la viabilidad de esos accesos.
Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado, una nueva exigencia: modificar el proyecto para eliminar un carril de desaceleración en la CT-33. Un cambio más. Otro retraso. Otra vuelta a empezar. Y, aun así, el Ayuntamiento ha cumplido. Ha reformulado el estudio y lo ha enviado sin dilación. Lo ha hecho porque entiende la importancia del proyecto, pero también porque sabe que Cartagena no puede permitirse seguir esperando.
Lo que resulta cada vez más difícil de justificar es la lentitud del Ministerio de Justicia. Seis años de trámites deberían ser más que suficientes para avanzar hacia la licitación de una obra que no es un capricho, sino una necesidad estructural. La situación actual es, sencillamente, inadmisible. No se trata de una discrepancia técnica puntual, sino de una cadena de demoras que están frenando el desarrollo judicial de toda una comarca.
El propio decano del Colegio de Abogados lo dejó claro: Cartagena necesita esta infraestructura “de forma absoluta”. Y no es una exageración. Juzgados saturados, instalaciones obsoletas y servicios dispersos dibujan un escenario que contrasta con el dinamismo de una ciudad que crece y exige respuestas acordes a su realidad. La intención del Colegio de mediar con la Delegación del Gobierno es un paso más en ese intento colectivo de desbloquear lo que nunca debió atascarse tanto.
Porque aquí ya no se discute la viabilidad del proyecto, ni la idoneidad de la parcela, ni la disposición municipal. Todo eso está resuelto. Lo único que falta es voluntad política para dar el paso definitivo. Cartagena ha cumplido con cada requisito. Ahora le toca al Gobierno de España estar a la altura.
Y cuanto más se alargue esta espera, más evidente será lo que muchos ya piensan: que no construir la Ciudad de la Justicia no es solo un retraso administrativo, es una falta de compromiso con una ciudad que lleva demasiado tiempo demostrando que merece mucho más.
