El verano empieza a intuirse en el horizonte y, con él, la habitual coreografía de chiringuitos, hamacas y servicios que dan vida al litoral cartagenero. Sin embargo, este año la escena llega con un compás de espera que inquieta a empresarios y usuarios. El Ayuntamiento de Cartagena lleva desde diciembre aguardando la autorización de la Demarcación de Costas del Estado para renovar los servicios de playa, un trámite que, según el Consistorio, debería ser poco más que administrativo y que, dos meses después, sigue sin respuesta.
El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, ha puesto voz a una preocupación que va creciendo conforme avanza el calendario. Los expedientes enviados contemplan la renovación de 38 lotes de chiringuitos, hamacas y sombrillas, además de siete lotes de instalaciones náuticas. En total, cerca de medio centenar de concesiones que sostienen buena parte de la actividad turística estival. “El Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y forma”, insiste el edil, que reclama celeridad y responsabilidad a la administración estatal ante una demora que empieza a generar incertidumbre.
Pretel subraya que no se trata de nuevas concesiones, sino de renovaciones, por lo que el procedimiento debería resolverse con agilidad. La relación técnica entre ambas administraciones, asegura, es correcta y fluida, y el problema no radica en el fondo de los proyectos, sino en la lentitud de los procedimientos y la falta de medios para tramitar los expedientes. Un atasco burocrático que, llegado este punto del año, pesa más que nunca.
El concejal ha aprovechado para recordar otros ejemplos recientes en los que los plazos administrativos han ido muy por detrás de las necesidades reales. El paseo marítimo de El Portús recibió la autorización condicionada el pasado 28 de enero, después de un temporal que causó daños evidentes, pese a que ese mismo día se había trasladado públicamente que la obra no se ejecutaba por una supuesta falta de responsabilidad municipal. Un mensaje que, según el edil, no se correspondía con la realidad del expediente.
Más delicada aún es la situación del Puente de la Isleta. El Ayuntamiento cuenta con el proyecto redactado, más de medio millón de euros comprometidos y los estudios necesarios realizados, pero sigue esperando una autorización que no llega para una infraestructura que presenta riesgos para la seguridad. Como antecedente, Pretel recuerda el mirador de La Gola de Marchamalo, cuya solicitud lleva más de tres años sin resolverse, hasta el punto de que los fondos asignados acabaron perdiéndose.
En este contexto, el edil lamenta que los retrasos administrativos se utilicen como arma política en lugar de explicarse con transparencia. Reclama más medios para la Demarcación de Costas y una mayor lealtad institucional entre administraciones. Porque, como advierte, no es aceptable un uso sesgado de la información que termina perjudicando la imagen de la ciudad y, de paso, retrasa decisiones clave para un litoral que vive, en buena medida, del ritmo del verano.
