La mañana del 1 de abril dejó en el Palacio Consistorial de Cartagena una imagen que ya resulta familiar: dos relatos opuestos sobre la salud económica del Ayuntamiento conviviendo en un mismo pleno. La Corporación municipal celebró dos sesiones extraordinarias, una impulsada por el Gobierno local para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 y otra, a petición de MC, centrada en la gestión económica y el destino del dinero público.
El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, defendió con firmeza la gestión del Ejecutivo liderado por Noelia Arroyo, asegurando que el municipio avanza hacia una situación más saneada. Según sus datos, la deuda por habitante se ha reducido notablemente en comparación con la etapa 2015-2019, pasando de unos 500 euros a 250, con previsión de seguir descendiendo. A ello sumó un superávit inicial de 4,5 millones de euros y un volumen de inversión que supera los 70 millones durante 2025, junto a un incremento de fondos destinados a barrios y diputaciones.
Sin embargo, esa lectura optimista choca frontalmente con la de la oposición, que dibuja un escenario mucho más preocupante. Desde MC, su portavoz Jesús Giménez criticó la falta de transparencia del Gobierno local y denunció que, lejos de mejorar, la situación económica presenta síntomas de deterioro. El grupo cuestiona la ausencia de explicaciones detalladas y pone el foco en un déficit que, aseguran, rondaría los 10 millones de euros. También reprocharon la escasa presencia de la alcaldesa en un pleno que consideraban clave.
En la misma línea, el PSOE, a través del concejal Pedro Contreras, endureció aún más el diagnóstico. Los socialistas hablan abiertamente de un “agujero económico” que superaría los 110 millones de euros, con un remanente negativo en tesorería de 30 millones y una deuda viva por encima de los 65 millones. Una fotografía que, según sostienen, refleja un empeoramiento progresivo de las cuentas municipales.
A estas críticas se sumó el edil del Grupo Mixto, Juan Pedro Torralba, quien advirtió de una gestión “sin control ni prioridades” tras el informe de Intervención, señalando el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y alertando de que el Ayuntamiento estaría gastando por encima de sus posibilidades reales.
Más allá del cruce de cifras y discursos, hay un elemento que sobrevuela el debate y que apenas encuentra respuesta: la financiación que recibe Cartagena por parte de la Región de Murcia sigue siendo claramente insuficiente para el peso poblacional y económico del municipio. Una carencia estructural que condiciona cualquier planificación a medio plazo y que obliga al Consistorio a sostener servicios y proyectos con recursos limitados.
En este contexto, los anuncios de inversión y reducción de deuda que esgrime el Gobierno municipal quedan empañados por una realidad más compleja: déficit, tensiones en tesorería y una dependencia creciente de decisiones externas. Cartagena continúa así atrapada entre el relato político y las cifras reales, con unas cuentas que, lejos de ofrecer certezas, siguen generando más preguntas que respuestas.
