La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves la aceptación en propiedad de dos viviendas cedidas gratuitamente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un paso más en una política municipal que busca dar respuestas estables a la exclusión social y residencial. Los inmuebles se incorporan al Programa de Acompañamiento al Realojo de Familias en Situación de Exclusión Social y Residencial Cronificada (PARES), una iniciativa cofinanciada con fondos FEDER cuyo objetivo último es erradicar el chabolismo y ofrecer hogares con apoyo técnico y social continuado.
La sesión estuvo presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien formalizó una cesión que consolida la colaboración institucional y amplía el patrimonio municipal destinado a fines sociales. Con estas dos nuevas incorporaciones, el parque de viviendas sociales en propiedad del consistorio alcanza las 52, tras haber sumado una decena de inmuebles en los últimos ocho años, un crecimiento sostenido que refleja una línea de trabajo constante.
La concejal de Política Social, Cristina Mora, incidió en el enfoque integral del programa y en la importancia de ir más allá de la entrega de una vivienda. En sus palabras, cada realojo supone “un hogar estable y un proyecto de acompañamiento”, una oportunidad real para familias que parten de situaciones de extrema vulnerabilidad y que necesitan tanto un techo como un respaldo profesional que las ayude a normalizar su día a día.
Tras la formalización de la cesión, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento y la gestión de los inmuebles, que quedarán adscritos a la Unidad de Servicios Sociales para el realojo de las familias seleccionadas. Este parque municipal se ha conformado a lo largo del tiempo a través de distintas vías: cesiones de otras administraciones, antiguos edificios de maestros, adquisiciones directas, inmuebles incorporados por impago del IBI y viviendas integradas gracias a subvenciones del antiguo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
El modelo de gestión combina apoyo social y responsabilidad compartida. Las familias beneficiarias firman un contrato de alquiler social y un acuerdo de intervención que fija normas básicas de convivencia y el seguimiento de las orientaciones de los técnicos municipales. A cambio, los Servicios Sociales se comprometen a trabajar de forma cercana y continuada en el proceso de integración social.
Esta incorporación se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno municipal para aliviar la presión del mercado inmobiliario. Iniciativas como el programa de Alquiler Seguro buscan movilizar viviendas vacías, ofreciendo garantías a los propietarios y precios asequibles a los inquilinos, mientras que el reciente servicio de asesoramiento jurídico en materia de vivienda pretende prevenir conflictos y dar seguridad a quienes dudan en alquilar por miedo a la ocupación ilegal. Un conjunto de medidas que, desde distintos frentes, persigue un mismo objetivo: ampliar el acceso a la vivienda y convertirla en una verdadera palanca de integración social en Cartagena.
