Cartagena ha vuelto a mirarse en el espejo de su historia industrial y ha reconocido, sin rodeos, que lo que está en juego no es solo una planta química, sino el sustento de más de 2.000 familias y el equilibrio económico de toda una comarca. El Ayuntamiento ha escenificado este lunes una unidad política poco habitual pero imprescindible en tiempos de zozobra: respaldar sin fisuras a las empresas auxiliares de SABIC y a los trabajadores que dependen del complejo de La Aljorra ante la inminente venta al fondo de inversión Mutares.
La reunión, celebrada el 23 de febrero, reunió en la misma mesa a la alcaldesa Noelia Arroyo, a los portavoces de todos los grupos municipales —PP, MC, VOX, PSOE y Mixto— y a los representantes de las compañías auxiliares Serveo, Siemsa, Cymi y Air Liquide, junto a los sindicatos STR, CCOO y UGT. El mensaje fue claro: la ciudad no puede permitirse una fractura industrial de esta magnitud.
Se habló sin eufemismos de la “dependencia muy directa y muy fuerte” que la industria auxiliar mantiene respecto a la actividad principal de SABIC. Si la factoría se detiene, el efecto dominó sería inmediato. No se trata únicamente de empleos directos, sino de un ecosistema que alimenta a talleres, pequeñas empresas de mantenimiento, transporte, hostelería y comercio. La alcaldesa trasladó el compromiso del Pleno de mantener una “posición firme y sin fisuras” en defensa de la continuidad de la actividad y de cada puesto de trabajo.
El Consistorio exigirá a las administraciones estatal y regional una acción institucional coordinada y unánime ante la empresa compradora. La advertencia es realista: es inviable absorber de golpe 2.000 empleos industriales en un mercado laboral que ya presenta tensiones estructurales. La industria no se improvisa, y menos aún la química pesada, que requiere inversión, planificación y estabilidad.
En paralelo, el Gobierno municipal ha abierto otra vía: la de la reindustrialización y la captación de fondos europeos. Se ha puesto sobre la mesa el Fondo Soberano y los planes destinados a elevar el peso industrial hasta el 20% del PIB europeo. Cartagena quiere estar en esa hoja de ruta. También se ha citado el Plan Industrial de la Región de Murcia como instrumento estratégico, junto al refuerzo de infraestructuras formativas como el centro de FREMM, la ampliación de suelo industrial y la consolidación del polo energético del Valle de Escombreras. No es solo resistir; es pensar en lo que puede venir después.
Mientras tanto, la urgencia es humana. El Ayuntamiento ha habilitado un canal directo con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para ofrecer asesoramiento laboral continuo y ha activado un servicio de apoyo psicológico para los trabajadores y sus familias. Porque, como recordó el delegado territorial del sindicato STR, Alfonso Martínez, la incertidumbre está causando un desgaste emocional profundo. “Es la falta de información lo que está destrozando a los trabajadores”, vino a decir. Y en esa frase cabe toda la angustia de quien no sabe si su proyecto de vida tiene fecha de caducidad.
Desde UGT Metal, José Antonio García insistió en que la unidad institucional no puede diluirse con el paso de las semanas. El impacto —advirtió— trascendería el perímetro de la planta y golpearía a la economía cotidiana: bares, talleres, comercios de barrio. Un daño difícil de revertir. El objetivo, compartido, pasa por lograr una prórroga de la actividad y una reconversión que mantenga el músculo productivo en lugar de certificar su desaparición.
Enrique Bruna, de CCOO, situó el conflicto en un marco más amplio: el de la desindustrialización progresiva que afecta a numerosos territorios europeos. Alertó de que el fondo comprador no tiene vocación industrial y defendió la necesidad de articular un verdadero plan alternativo que permita absorber el empleo excedente si el peor escenario se confirma.
Cartagena conoce bien las heridas que deja la pérdida de tejido productivo. Por eso la reacción ha sido rápida y, al menos por ahora, unitaria. La ciudad se enfrenta a una encrucijada en la que se mezclan estrategia empresarial global, políticas industriales europeas y el futuro inmediato de miles de hogares. En ese cruce de caminos, la política local ha decidido no ser espectadora. Queda por ver si la suma de voluntades será suficiente para inclinar la balanza hacia la continuidad y no hacia el cierre.
