El acceso libre y gratuito al mar, uno de los principios esenciales que definen el carácter público del litoral español, ha dado hoy un paso decisivo en El Portús. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de utilidad pública de los bienes y derechos necesarios para hacer posible el acceso a la playa de la Morena, una cala singular situada en el término municipal de Cartagena, cuya entrada dependía hasta ahora de la tolerancia de una propiedad privada colindante.
La playa de la Morena se enclava en un espacio de enorme valor natural, encajada entre la Punta del Moco y la Sierra de la Muela, junto a la desembocadura de la rambla de El Portús. Esa configuración geográfica, tan bella como abrupta, hace inviable un acceso alternativo en condiciones mínimas de seguridad, dejando como única vía posible un camino preexistente que discurre por el interior de una finca destinada a uso de camping. Durante años, esta circunstancia ha convertido un derecho colectivo en una situación frágil y condicionada.
La decisión adoptada hoy pone fin a esa anomalía. Al no estar garantizado el acceso público en los instrumentos urbanísticos vigentes, la Administración General del Estado ha activado el mecanismo que le otorga la legislación para imponer una servidumbre de paso mediante expropiación forzosa, siempre bajo el principio del menor perjuicio posible para la propiedad afectada. En este caso, además, la solución no requiere obras ni transformaciones: el camino existe, está en buen estado y permite compatibilizar el interés general con el respeto a los intereses particulares.
No se trata solo de abrir una puerta física, sino de reafirmar un principio. Las playas no son un privilegio, ni una concesión, ni un favor; son un bien común. Y cuando el acceso a ellas depende de una voluntad privada, el Estado tiene la obligación de intervenir para restablecer el equilibrio. Así lo ha entendido el Gobierno al declarar de utilidad pública los terrenos necesarios para garantizar que cualquier ciudadano pueda llegar hasta la arena de la playa de la Morena sin restricciones ni condiciones.
Con esta decisión, El Portús deja de ser un ejemplo incómodo de acceso condicionado y se convierte en un recordatorio claro de que el litoral pertenece a todos. Una resolución que, más allá de su alcance local, refuerza la idea de que la defensa del dominio público marítimo-terrestre no es una declaración retórica, sino una responsabilidad que, cuando es necesario, se ejerce.
