El Ayuntamiento de Cartagena no está dispuesto a asumir sin batalla judicial una factura de 54 millones de euros. Los Servicios Jurídicos municipales han movido ficha: solicitarán la nulidad de actuaciones y, al mismo tiempo, interpondrán recurso de apelación contra el auto de la Sección de lo Contencioso-Administrativo que fija esa indemnización a favor de los promotores del Plan Parcial del Vivero. La alcaldesa, Noelia Arroyo, lo ha dejado claro: el Consistorio entiende que la resolución no ha tenido en cuenta los informes técnicos elaborados por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria.
La cantidad fijada por el auto ha encendido todas las alarmas en el Palacio Consistorial. Cincuenta y cuatro millones de euros no son una cifra menor para las arcas municipales y, a juicio de los servicios jurídicos, el cálculo resulta claramente desproporcionado. Sostienen que, en todo caso, una eventual compensación debería limitarse estrictamente a los costes derivados de la tramitación urbanística, pero nunca incluir el valor del suelo, que continúa siendo propiedad de los demandantes. Es decir, el Ayuntamiento rechaza que se indemnice como si se hubiera producido una pérdida patrimonial sobre unos terrenos que siguen en manos privadas.
La defensa municipal pivota sobre dos ejes. El primero, estrictamente jurídico y económico: la resolución, afirman, no habría valorado adecuadamente las pruebas aportadas por los técnicos municipales, que cuestionan la base misma de la indemnización. El segundo, de fondo urbanístico y ambiental: el terreno afectado presenta valores ambientales vinculados a la protección del Mar Menor que, según el Ayuntamiento, impiden la aprobación de cualquier programa de actuación que propicie su desarrollo urbanístico.
Durante el procedimiento, el Consistorio aportó un informe urbanístico en el que se subraya que los terrenos permanecen sin desarrollar y que los propietarios no han consolidado derecho alguno de aprovechamiento urbanístico. Este punto es clave en la estrategia jurídica municipal, ya que la inexistencia de derechos consolidados limitaría de forma notable las posibles responsabilidades económicas de la administración.
En paralelo, el debate se enmarca en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Esos suelos fueron clasificados como no urbanizables en la aprobación inicial del PGOU, una decisión adoptada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. No obstante, esa clasificación aún no es firme, puesto que el documento deberá superar el trámite de aprobación definitiva. Hasta entonces, el escenario jurídico sigue abierto.
El pulso está servido. De un lado, los promotores que reclaman una compensación millonaria; del otro, un Ayuntamiento que considera que la cifra carece de sustento técnico y que defiende la prevalencia de la protección ambiental y la legalidad urbanística. Lo que está en juego no es solo una cantidad astronómica, sino también el modelo de ciudad y el alcance de la responsabilidad pública en decisiones urbanísticas de alto impacto.
