Otra vez el tren. O, mejor dicho, la ausencia del tren. ADIF ha dicho por escrito lo que muchos temían y algunos ya daban por seguro: la reapertura de la línea ferroviaria con Madrid por Chinchilla no depende de una decisión política firme, ni de un compromiso con el territorio, ni siquiera de una planificación pública clara, sino de que a las operadoras privadas les apetezca pedirla. Así, sin más. Y mientras tanto, la electrificación se despacha con una fecha tan cómoda como irreal: 2040. Un horizonte lo suficientemente lejano como para no molestar a nadie hoy.
La reacción de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es lógica y hasta previsible: exigir fechas, compromisos por escrito y una explicación clara de quién manda realmente en esta historia. Pero también resulta inevitable una sensación de déjà vu. Porque esta película ya la hemos visto. Y no acaba bien para Cartagena.
El servicio ferroviario de viajeros se interrumpió el 28 de febrero de 2022 con la promesa de que sería algo temporal. Temporal, en el lenguaje del Ministerio, parece significar indefinido. Desde entonces, las fechas han ido desfilando como estaciones fantasma: febrero de 2024, finales de 2025, “lo tenemos en cartera”, “estamos trabajando en ello”. Palabras, anuncios, declaraciones. Ningún tren.
Ahora llega la confirmación escrita de que la decisión se deja en manos de terceros. De empresas que miran números, no derechos. Rentabilidad, no cohesión territorial. Y ahí Cartagena siempre pierde. Porque esta ciudad ha sido históricamente fin de línea, incómoda, periférica, prescindible en los grandes mapas ferroviarios del poder. Mientras tanto, Murcia —que nunca fue fin de línea— sigue concentrando inversiones, servicios y conexiones, reforzando su papel de nodo central aunque no le correspondiera por historia ni por lógica territorial.
No es una sensación, es un patrón. Cuando hay que elegir, se elige aislar a Cartagena. Cuando hay que priorizar, se prioriza a otros. Y cuando se habla de futuro, a esta ciudad se le ofrece paciencia, silencio y autobuses.
La moción que llegará al Pleno y la carta al ministro son gestos necesarios, incluso obligados. Pero cuesta creer que vayan a cambiar el fondo del asunto. Porque el problema no es de falta de peticiones, sino de voluntad política. Y esa voluntad, a la vista de los hechos, parece haber tomado partido hace tiempo.
Cartagena sigue esperando un tren que no llega, mientras le explican que quizá llegue algún día, si a alguien le conviene. Y eso no es una incidencia técnica ni un retraso administrativo: es una decisión. Una más, siempre en la misma dirección.
