Cuando se habla de ladrones y delincuentes de ese nivel, la frase popular es que en la cárcel ‘entran por una puerta y enseguida salen por la otra’. Y si hablamos de políticos, ¿qué pasa? Por lo que estamos conociendo estos días con el juicio a Novo Carthago, resulta que los encausados, en el supuesto de ser declarados culpables, no entrarán en prisión por las ‘dilaciones indebidas’. Pienso que la ‘ferpecta’ imagen de la justicia flojea más que un tornillo de plastilina.
Nos remontamos a 2005, el año en que falleció Juan Pablo II, en el que Angel Merkel se puso al frente de los germanos, en el que fue aprobado el matrimonio igualitario en España y en el que se estrenó el episodio tercero de ‘La guerra de las galaxias’. En marzo de ese año se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena para autorizar el proyecto urbanístico de diez mil viviendas denominado ‘Novo Carthago’, a ejecutar en lo que se llamó ‘La Manga ancha’, es decir, entre la vía rápida y la costa cartagenera marmenorense. Afectaba a áreas naturales de protección especial y por tanto no urbanizables, por lo que el proyecto se diluyó para continuar en los juzgados por si se habían producido delitos de prevaricación y contra las leyes estatales y autonómicas. Ahora, en el 2025, cuando ya ha terminado la saga galáctica con 9 películas y tropecientas series y secuelas paralelas, ha llegado el juicio que se ha celebrado este mes, figurando entre los imputados (perdón, ‘investigados’) dos políticos del PP que fueron consejeros en la etapa de Valcárcel. Me refiero a Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, además de otros altos cargos y personas de confianza.
De este asunto he escrito bastantes artículos en mi etapa en La Opinión y, desde 2009, en Cartagena Ley. Cuando este último diario digital desapareció dejé de hacerlo, pero no de seguir el asunto como iba. Ahora, cuando la vista oral ha llegado a la antesala de la sentencia, me pregunto: ¿Para qué escribir tanto y tanto de este tema?, si resulta que nadie hizo nada entre todos los sentados en el banquillo de los acusados. Por lo menos es lo que dicen. Entonces, ¿quiénes lo hicieron?, pues parece que sí existieron irregularidades. Cuando ejerces de políticos quieres salir en todas las fotos buenas, pero cuando son ‘malas’…
Pero es más, ¿qué problema hay con que te acusen en estos casos?, pues, como ha concluido el fiscal, las penas que se piden no llegan a los dos años de cárcel, con lo que nadie de los acusados (perdón, ‘investigados’) entraría en prisión, siempre que sean declarados culpables, pues la presunción de inocencia sigue estando latente.
Las ‘dilaciones indebidas’ son tan habituales en las sentencias (en general) en esta Región de Murcia como tener alguien en la familia con patinete. ¿Qué son?, pues el retraso que sufre un proceso judicial no achacable al investigado (ahora sí lo he dicho bien) y sí al sistema judicial, por lo que se aplican buenas rebajas en la petición de pena.
Estoy totalmente de acuerdo de que en nuestro territorio autonómico faltan muchos juzgados (y tramitar con diligencia espacios para acogerlos) y que se acumula un gran retraso en resoluciones de causas, pero… ¿justifica esto tanto retraso en una causa con tanta repercusión?, ¿se podía haber actuado con más diligencia en la instrucción? Seguro que hay respuestas que lo explican, pero la duda existe sobre qué pasos (todos dentro de la administración pública) han sido los que han provocado tantos años de demora.
El caso es que la justicia sigue dejando malas sensaciones en los españolitos del montón (entre los que me encuentro), pues, aunque nadie discute que se aplica la ley, pocos consideran que se haga auténtica justicia tanto con los ‘malotes’ de calle como con los de los sillones.
¿Debe ser la justicia también ejemplarizante? Otra pregunta para el debate, aunque lo mismo lo que estoy haciendo es ‘marear perdices en terrenos fanganosos’ y resulta que todo está ‘ferpecto’ como está.
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