Hay problemas que no necesitan grandes informes técnicos para entenderse. Basta con caminar junto a un cauce seco, mirar la altura de las cañas y calcular, a simple vista, por dónde debería pasar el agua cuando llegue la tormenta. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena al alzar de nuevo la voz frente a la inacción de la Confederación Hidrográfica del Segura, a la que exige con urgencia que cumpla con sus competencias y actúe sobre el dominio público hidráulico del municipio.
El teniente de alcalde, Diego Ortega, ha recorrido varios de los puntos más sensibles del término municipal, con especial atención a la rambla de El Albujón. Allí, el diagnóstico es tan claro como inquietante: cauces colmatados, vegetación invasora descontrolada y una capacidad hidráulica muy lejos de la que debería tener una infraestructura natural clave para la seguridad de cientos de vecinos.
La situación es especialmente grave en la desembocadura de la rambla en el Mar Menor, a la altura de Bahía Bella, y en su paso por núcleos de población como La Puebla y Pozo Estrecho. Lo que debería ser un cauce funcional se ha transformado, en palabras del propio Ortega, en un auténtico mar de cañas que actúa como un tapón natural. Cuando el agua llega, el nivel sube más rápido, el desbordamiento es más probable y el riesgo deja de ser teórico.
A este problema se suma otro menos visible, pero igual de peligroso: la acumulación histórica de sedimentos. En el puente que conecta Pozo Estrecho con Torre Pacheco, la distancia entre el lecho y la estructura se reduce año tras año. No porque el puente baje, sino porque el fondo sube. Sedimentos que no se retiran y que restan capacidad al cauce, convirtiendo cada episodio de lluvias intensas en una amenaza real.
Desde el Gobierno municipal se insiste en que la solución no pasa por elevar puentes ni por actuaciones puntuales, sino por algo tan básico como cumplir con el mantenimiento ordinario de las ramblas. Una tarea que corresponde a la Confederación y que, sin embargo, acaba recayendo indirectamente sobre el Ayuntamiento, que sí actúa en los tramos urbanos a través del Parque Móvil municipal y del Servicio Municipal de Aguas. Ahí están los trabajos en la rambla de Benipila o las limpiezas preventivas de imbornales como prueba de ello.
La paradoja es conocida y repetida: para proteger a los vecinos en zonas que no son de su competencia, el Ayuntamiento debe pedir permiso a quien no actúa. Mientras tanto, la falta de mantenimiento obliga a activar de forma recurrente alertas de desbordamiento mediante el sistema ES-Alert de Protección Civil, generando una alarma social que podría evitarse con una gestión responsable y preventiva.
El mensaje final del Ejecutivo local es directo y sin matices: si no se limpian y mantienen las ramblas, cada alerta naranja o roja por lluvias volverá a traer consigo el miedo a desalojos, daños materiales y situaciones de riesgo innecesarias. Y todo ello, insisten, por no hacer hoy lo que debería haberse hecho hace años.
