Cartagena se prepara para uno de los mayores impulsos a su tejido productivo de las últimas décadas. El Gobierno municipal incorporará a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana una ampliación de cerca de 700 hectáreas de suelo industrial, acompañada de una decisión estratégica clara: ese suelo no podrá destinarse a plantas de biogás ni a instalaciones fotovoltaicas que no estén directamente vinculadas a una actividad industrial concreta. Así lo explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión mantenida con representantes empresariales y vecinales, en un momento clave del proceso, cuando se apuran los últimos análisis de las alegaciones presentadas al planeamiento.
La propuesta eleva en casi siete millones de metros cuadrados la superficie de nuevo suelo industrial, repartida en tres grandes ámbitos del término municipal: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio comprendido entre el polígono de Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, junto a la carretera de La Palma. Una ampliación que se suma a la ya prevista en Escombreras, donde el planeamiento inicial incrementó la superficie industrial de 7,7 a 9,8 millones de metros cuadrados, además de otros 459.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial. Antes de esta revisión, Cartagena contaba con algo más de 21,2 millones de metros cuadrados de suelo industrial entre urbano y urbanizable.
El planteamiento, según subrayó la alcaldesa, no surge de manera improvisada, sino del cruce entre el análisis técnico de las necesidades reales del municipio, el estudio de las alegaciones y el diálogo con quienes representan al tejido económico y social de Cartagena. En ese encuentro estuvieron presentes responsables de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales, la Cámara de Comercio, los principales polígonos industriales del municipio, la asociación de empresarios de la construcción y la federación de asociaciones de vecinos, además de concejales del equipo de Gobierno.
Uno de los argumentos de fondo es dotar al Ayuntamiento de una herramienta de la que hoy carece en gran medida: suelo propio para instalaciones estratégicas. La generación de nuevo suelo industrial garantiza que el Consistorio disponga del 10% de esa superficie, que podrá destinarse a infraestructuras clave, servicios avanzados y políticas activas de captación de inversiones, siguiendo la estela de iniciativas recientes como la cesión de terrenos para el centro de capacitación de la FREM.
El documento definitivo también endurece la protección del uso industrial frente a actividades que, aunque energéticamente atractivas, aportan poco empleo. El Plan General establece que las plantas de biogás y las instalaciones fotovoltaicas quedarán prohibidas en suelo industrial salvo que estén concebidas para abastecer directamente a una inversión productiva. Con ello se pretende evitar la ocupación de espacios estratégicos por proyectos ajenos a la actividad industrial. Aquellos que no cumplan este requisito deberán buscar acomodo en suelos con otra clasificación y serán evaluados caso por caso.
Junto a esta protección del uso, el nuevo planeamiento introduce una flexibilización largamente demandada por el sector: la altura de las naves industriales. El límite actual de siete metros —ampliable a once con puente grúa— se sustituye por una altura de referencia de doce metros, con la posibilidad de autorizar cotas superiores cuando el proyecto lo justifique. En la práctica, se elimina un techo que estaba lastrando especialmente a determinadas actividades logísticas y a industrias de mayor complejidad técnica.
La alcaldesa avanzó que los servicios técnicos de Urbanismo ya trabajan en la incorporación de todas estas modificaciones con el objetivo de llevar el documento a un pleno extraordinario en un plazo aproximado de dos semanas. Paralelamente, el Gobierno municipal abrirá una ronda de contactos con los grupos políticos para tratar de alcanzar el mayor consenso posible en la recta final de un plan que marcará el desarrollo económico y territorial de Cartagena durante los próximos años.
