El pleno del Ayuntamiento de Cartagena celebrado este jueves 29 de enero arrancó con un gesto de alto contenido político y simbólico. La corporación municipal, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, aprobó una declaración institucional para expresar su apoyo y solidaridad con los trabajadores de SABIC en Cartagena, tras conocerse la venta de la planta de La Aljorra al fondo alemán Mutares y el anuncio del cierre de una de sus unidades productivas.
El texto, trasladado a la empresa, al Gobierno regional y al ministro de Industria, pone el acento en la incertidumbre laboral generada y en el impacto directo que esta operación tiene sobre el tejido industrial del municipio y sobre la extensa red de empresas auxiliares vinculadas a la factoría. La corporación manifiesta de forma expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1, una decisión que pone en riesgo varios cientos de empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos.
El Ayuntamiento recuerda además el esfuerzo sostenido de las administraciones públicas a lo largo de los años, desde la cesión gratuita de los terrenos para la implantación de la factoría hasta las cuantiosas ayudas y subvenciones concedidas con fondos públicos. En ese contexto, la corporación considera prioritario preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena, asumiendo el liderazgo político de este objetivo y comprometiéndose a impulsarlo desde la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias.
La declaración institucional insta a SABIC y a Mutares a abrir de inmediato un diálogo real con el comité de empresa, con mediación de las administraciones públicas, para ofrecer certidumbre sobre el futuro de la planta. Entre los compromisos exigidos figuran garantías de mantenimiento del empleo y de la actividad, un plan industrial que asegure la continuidad productiva en La Aljorra mediante inversiones y modernización, un plan social con salidas dignas y no traumáticas en caso de ajustes, así como información periódica y transparente y una negociación efectiva con la representación legal de los trabajadores. El Ayuntamiento reafirma su disposición a colaborar en todas las actuaciones necesarias y a mantener una interlocución permanente con la plantilla.
Antes de entrar en el debate de las mociones, el pleno aprobó por unanimidad varias propuestas de honores y distinciones, entre ellas la erección de un monumento al Capitán Alatriste en la plaza del Cuartel del Rey, la nominación del Camino del Colegio Único de La Aljorra, la instalación de una placa de homenaje a Ginés Moral Solana en el polígono industrial de La Palma y la denominación de la pista deportiva Vicente Solano González, también en La Palma. Asimismo, salió adelante la modificación puntual de la Ordenanza Municipal de Tráfico y la propuesta de retribuciones del órgano directivo del Museo Arqueológico, esta última con división de votos.
El turno de mociones dejó una larga lista de acuerdos adoptados mayoritariamente por unanimidad. El pleno respaldó la adopción de medidas urgentes para la conservación de las baterías del Jorel y de Castillitos, instando al Ministerio de Medio Ambiente a su inspección técnica y conservación, y aprobó también la iniciativa para avanzar en la restauración integral del Molino de la Tía Seña, cuyo proyecto técnico ya se encuentra redactado a la espera de dotación presupuestaria.
La corporación dio luz verde, con consenso general, al estudio de la viabilidad para permitir sistemas de filtración de aire en comercios y bares, a la puesta en valor de los accesos al Parque Torres, a un plan integral de actuaciones en La Manga y Cabo de Palos tras los temporales, y a la instalación de marquesinas en la carretera de Tentegorra, con especial atención a las paradas utilizadas por menores.
También fueron aprobadas iniciativas para sustituir la fuente del Parque de Los Juncos, reponer el alumbrado público en el acceso a Cartagena por la CT-34 y CT-32, elaborar una ordenanza municipal que regule la implantación de plantas fotovoltaicas, acometer mejoras en la calle Gisbert y reactivar el acceso oeste al polígono industrial de Los Camachos. En materia de infraestructuras viarias, el pleno respaldó la reforma integral de la carretera de La Azohía y solicitó la gratuidad del peaje de la AP-7 como vía alternativa de acceso al litoral oeste.
Especial relevancia tuvo la aprobación unánime de la moción para defender la implantación en Cartagena del Centro de Microchips impulsado por Quantix Edge Security, como respuesta a la crisis industrial y como apuesta estratégica por la reconversión productiva del municipio. A ello se sumaron acuerdos para mejorar la pista de skate de Carlos III, aprobar un plan estratégico de revitalización del pequeño comercio, actuar en la barriada de San Ginés, avanzar hacia parques infantiles inclusivos, exigir mejoras en la sanidad pública del Área II y reforzar el transporte público con nuevas paradas.
El pleno cerró con acuerdos sobre el registro del testamento vital en Cartagena, la mejora integral del barrio de Isaac Peral, la solicitud de una zona franca para el Campo de Cartagena, la habilitación de espacios de enterramiento para personas de otras religiones, la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Madrid y el refuerzo de la Guardia Civil en el municipio y en El Algar.
Una sesión extensa, marcada por el consenso en la mayoría de los asuntos y por un mensaje político claro: la defensa del empleo industrial, la protección del patrimonio y la mejora de los servicios públicos se consolidan como ejes centrales de la acción municipal en un momento clave para el futuro económico y social de Cartagena.
