La presentación de los Presupuestos Municipales de 2026 por parte del Ayuntamiento de Cartagena, apenas dos días antes de finalizar el año, no puede entenderse como un hecho casual ni como una simple cuestión administrativa.
Se trata de una decisión política consciente, orientada a limitar el debate, a reducir el control democrático y a dificultar el análisis riguroso tanto por parte de la oposición como de la ciudadanía.
Los presupuestos municipales son el principal instrumento de planificación económica y política de una administración local.
Presentarlos en el límite temporal vacía de contenido el debate público, degrada el papel del Pleno municipal y convierte un ejercicio esencial de fiscalización en un mero trámite formal.
Un modelo basado en subir impuestos: el golpe directo al bolsillo del ciudadano.
El eje central de estos presupuestos es una subida generalizada de impuestos directos, que afecta de forma inmediata y sin excepciones a los cartageneros:
Subida del IBI.
Subida del impuesto de vehículos.
Implantación de una tasa de basuras injusta, mal diseñada y deficientemente estudiada.
Estas medidas no responden a criterios de equidad ni de mejora de servicios.
Son un sablazo fiscal directo que impacta de lleno en la economía familiar, suponiendo un mordisco generoso y recurrente en la mensualidad de cada ciudadano.
No se trata de un esfuerzo puntual, sino de una carga sostenida durante todo el año, especialmente a través del recibo de la basura.
El mensaje es claro: pagar más, sin recibir mejores servicios a cambio.
Multas y sanciones: de la atención al ciudadano a la persecución recaudatoria.
Especialmente grave es que estos presupuestos incluyan una subida explícita en la previsión de ingresos por multas, sanciones y recargos administrativos.
Esta previsión no es neutra ni técnica: es una orden política implícita.
Presupuestar más ingresos por sanciones implica necesariamente reorientar la actuación de los empleados públicos, obligándolos a abandonar su función principal de atención y servicio al ciudadano para convertirse en instrumentos de vigilancia, control y penalización.
En la práctica, el gobierno municipal está empujando a funcionarios públicos —incluida la Policía Local— a:
Intensificar la vigilancia no por razones de seguridad, sino recaudatorias.
Buscar infracciones donde antes había mediación o información.
Aplicar con especial celo recargos por retrasos o supuestos incumplimientos.
El ciudadano deja de ser atendido para ser vigilado, deja de ser usuario de servicios públicos para convertirse en objetivo financiero.
Se sustituye la cercanía institucional por la persecución administrativa, degradando gravemente la relación entre administración y ciudadanía.
Este modelo no solo es injusto, sino profundamente perverso: utiliza a los empleados públicos como herramientas de recaudación coercitiva, desviándolos de su función de servicio público para financiar un presupuesto mal planteado.
Cuando no basta con exprimir al ciudadano: más deuda.
Ni la subida de impuestos ni la presión sancionadora parecen suficientes.
El presupuesto contempla además un nuevo endeudamiento de 10.000.000 de euros, mediante préstamos que generarán intereses y comprometerán las cuentas municipales durante años.
Este endeudamiento resulta aún más difícil de justificar cuando en ejercicios anteriores se han devuelto inversiones procedentes del Estado y de la Unión Europea por no haber sido ejecutadas en plazo.
Devolver fondos por incapacidad de gestión y, al mismo tiempo, subir impuestos y pedir préstamos es la evidencia más clara de una gestión ineficaz y desordenada.
La gran cortina de humo: culpar a los salarios de los funcionarios.
Ante este cúmulo de incoherencias, el gobierno municipal ha optado por la excusa más recurrente y más falsa: responsabilizar al Estado y a los salarios de los funcionarios públicos.
Conviene aclararlo con precisión. El Gobierno de España se limita a establecer un marco normativo general: límites máximos, topes de gasto, posibles congelaciones y reglas básicas sobre pagas extraordinarias y complementos. No fija salarios concretos ni obliga a subir retribuciones específicas.
La determinación efectiva de los salarios corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, a través de la Relación de Puestos de Trabajo, los complementos y las decisiones aprobadas en el Pleno municipal a propuesta del alcalde y su equipo de gobierno.
Por tanto, atribuir al Estado el nivel de gasto salarial municipal es jurídicamente impropio y políticamente interesado.
Si existen excesos, son consecuencia directa de decisiones locales, no de imposiciones externas.
Asfixia al tejido vecinal y abandono de los servicios básicos.
Mientras se suben impuestos, se multan ciudadanos y se incrementa la deuda, colectivos vecinales siguen sin recibir las subvenciones correspondientes al ejercicio 2025, colocándolos en una situación económica crítica.
Esta asfixia financiera amenaza con la desaparición de asociaciones vecinales, especialmente de aquellas incómodas o críticas con el gobierno municipal.
Todo ello ocurre en un municipio donde las carencias son evidentes:
Aceras deterioradas.
Pavimentos en mal estado.
Alumbrado insuficiente.
Servicios públicos claramente faltos de mantenimiento.
La ciudad se degrada mientras se exige a los ciudadanos que paguen cada vez más.
Fiestas, saraos, eventos innecesarios, fotos para la galería y luces de colores.: lo único que no ha faltado.
Si hay un capítulo que no ha sido deficitario es el de fiestas, eventos, actos propagandísticos, fotografías institucionales y despliegues estéticos.
Un año brillante en luces y celebraciones que ha servido para ocultar una gestión económica profundamente deficiente.
Como ya advertía el poeta Juvenal, panem et circenses. Pan y circo para distraer mientras las cuentas se desequilibran, la deuda aumenta y el ciudadano paga.
Conclusión: una gestión insostenible que exige más control.
Estos presupuestos no representan buena gestión, ni planificación, ni responsabilidad. Representan una huida hacia adelante, financiada a base de más impuestos, más sanciones y más endeudamiento, con el riesgo real de hipotecar el futuro del municipio.
En un ayuntamiento ya intervenido por el Estado, las explicaciones ofrecidas a la ciudadanía no solo no convencen, sino que se alejan peligrosamente de la realidad.
La excusa de los salarios es una cortina de humo para desviar la atención y eludir responsabilidades.
Lo que procede no es seguir apretando al ciudadano, sino reforzar la vigilancia y el control de las cuentas municipales, exigir explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas por una gestión que va en contra de cualquier criterio lógico, profesional y responsable de los fondos públicos
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