Los vecinos de El Algar y Los Belones abandonaron este jueves el salón de plenos con una sensación poco habitual en debates urbanísticos de calado: la de haber sido escuchados. El respaldo unánime de todos los grupos municipales a la moción presentada por MC para impulsar una ordenanza específica que regule la instalación de huertos solares fue recibido como un primer paso, insuficiente quizá, pero necesario. A ello se sumó un anuncio que elevó aún más las expectativas vecinales: el equipo de gobierno estudiará la propuesta del PSOE para ampliar la franja de protección entre estas plantas fotovoltaicas y el suelo urbano o urbanizable que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en elaboración.
La propuesta inicial del Ejecutivo local fija esa distancia mínima en 200 metros, pero los socialistas, tras escuchar a los residentes de las zonas afectadas, reclaman que se eleve hasta los 600. Una petición que se añade al criterio ya avanzado por el gobierno municipal de vetar este tipo de proyectos en suelo industrial, salvo en los casos destinados al autoconsumo, cerrando así la puerta a grandes desarrollos energéticos desligados del entorno productivo inmediato.
Con una notable presencia vecinal en la bancada, los ediles de MC defendieron la necesidad de una ordenanza que sirva para poner límites claros a la proliferación de estas instalaciones, especialmente en áreas próximas a núcleos habitados. Desde el PSOE insistieron en que su posición no es contraria a la energía solar, sino al modo en que se está implantando. Su portavoz, Manuel Torres, cuestionó que una ordenanza por sí sola sea una solución definitiva y recordó que existen ya herramientas legales suficientes, como la Ley del Mar Menor, actualmente puesta en entredicho por Vox.
Las dudas sobre la eficacia real de la ordenanza fueron compartidas por la edil no adscrita María Dolores Ruiz, que subrayó que ninguna nueva normativa podrá frenar los dos proyectos que hoy concentran la oposición vecinal: la planta promovida por Nefer Power en Los Belones y la de Soltec en El Algar.
El concejal de Urbanismo, Diego Ortega, defendió que el marco adecuado para ordenar este tipo de instalaciones es el nuevo Plan General, cuya aprobación provisional se llevará al Pleno el próximo 14 de febrero. Será en ese contexto, explicó, donde se estudiará la ampliación de la distancia mínima entre placas solares y viviendas. Ortega recalcó que este debate no es incompatible con la tramitación de una ordenanza, aunque advirtió de que esta tiene un recorrido largo y que la prioridad debe ser cerrar un acuerdo sólido en torno al PGOU, “dejando de lado los politiqueos”.
Desde Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba apeló a una legislación que no frene el desarrollo de los pueblos ni los condene a quedar rodeados por infraestructuras energéticas. Vox, por su parte, defendió la necesidad de avanzar hacia la soberanía energética, pero sin que ello suponga un perjuicio directo para los vecinos afectados.
Ante las dudas planteadas, Ortega tomó de nuevo la palabra para aclarar que, una vez aprobado provisionalmente el Plan General, cualquier planta solar que solicite licencia deberá cumplir con la distancia mínima fijada, actualmente en 200 metros y pendiente de posible ampliación. “Creo que el gobierno está poniendo todo de su parte”, aseguró.
El cierre del debate llegó de la mano del portavoz de MC, que reprochó al gobierno local no haber actuado antes para dotar al municipio de una ordenanza y un Plan General que hubieran evitado proyectos como los de El Algar y Los Belones, que calificó de “irreversibles”. “Cuatro años hemos tardado en ponernos las pilas”, criticó, dejando en el aire una conclusión compartida por muchos de los vecinos presentes: el consenso ha llegado, pero para algunos, demasiado tarde.
