El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido dar un paso al frente en uno de los asuntos que más inquietud generan entre propietarios y comunidades: la ocupación ilegal de viviendas. Con un enfoque práctico y sin estridencias, el Gobierno municipal ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento jurídico que aspira a algo tan simple como decisivo: que las familias vuelvan a sentirse protegidas y que las casas cerradas por miedo regresen al mercado de alquiler.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, lo expresó con claridad tras la primera reunión de coordinación de este nuevo dispositivo. En Cartagena, recordó, hay más de 2.000 viviendas habitables que permanecen vacías. Muchas de ellas fueron adquiridas como ahorro familiar o pensando en los hijos, pero hoy continúan cerradas porque sus dueños no confían en la protección legal frente a una posible ocupación. Ese bloqueo, subrayó, contribuye a tensionar un mercado de vivienda ya de por sí limitado.
El encuentro, celebrado en la Escuela de Seguridad Pública y al que asistió el concejal Gonzalo López Pretel, reunió a mandos de la Policía Local y a personal municipal con un propósito doble: organizar la implantación del servicio y preparar la formación de los agentes en protocolos específicos de actuación ante ocupaciones, siempre en coordinación con los servicios sociales cuando exista vulnerabilidad.
El nuevo recurso, adscrito al área de Servicios Sociales, nace con vocación de convertirse en apoyo jurídico gratuito para cualquier ciudadano que necesite orientación en materia de vivienda, así como en herramienta técnica para la Oficina Municipal de Vivienda. Su alcance será amplio y abarcará desde dudas sobre arrendamientos o compraventas hasta conflictos vecinales, pasando por ayudas públicas y cuestiones de propiedad horizontal.
El diseño prevé cuatro líneas de trabajo. La primera, ofrecer atención inmediata ante casos de ocupación, tanto a particulares como a comunidades. Aquí se incluirán asesoramiento legal, elaboración de protocolos y coordinación directa con la Policía Local, además de la derivación a servicios sociales cuando la situación lo requiera. La segunda línea se centrará en el asesoramiento jurídico especializado, proporcionando información rigurosa sobre contratos, fianzas, cláusulas nulas o condiciones de habitabilidad. La tercera, la mediación extrajudicial, buscará resolver conflictos de forma voluntaria y evitar procesos judiciales que suelen prolongarse y desgastar a ambas partes. La cuarta ofrecerá apoyo legal y administrativo en desahucios, reclamaciones y otras controversias, acompañado de la creación de materiales informativos y acciones formativas para asociaciones vecinales con el fin de anticipar y prevenir conflictos.
Arroyo destacó que Cartagena cuenta con un aval de excepción para poner en marcha este recurso: el letrado Antonio Martínez Selfa, decano emérito del Colegio de Abogados y una de las voces más autorizadas del país en derecho inmobiliario, cuya experiencia ha sido clave en el diseño del servicio. El propio jurista valoró muy positivamente la iniciativa y subrayó la importancia de elaborar documentos claros y útiles para que los ciudadanos conozcan sus derechos y aprendan a ejercerlos.
La intención municipal es que este servicio perdure más allá del contrato inicial a través de acuerdos estables con el Colegio de Abogados. De momento, cualquier persona interesada podrá solicitar orientación en la Oficina Municipal de Vivienda, que actuará como puerta de entrada a un recurso que pretende, sobre todo, devolver tranquilidad, seguridad jurídica y sentido común a un ámbito que afecta directamente a la calidad de vida de miles de familias cartageneras.
