En la madrugada gris del 12 de enero de 1874, Cartagena ya no era la ciudad altiva que, seis meses antes, había proclamado su soberanía cantonal entre vítores y banderas rojas. Era una plaza exhausta, herida por los obuses, cercada por tierra y vigilada por mar, con los muros abiertos y la moral quebrada. La caída del castillo de la Atalaya durante la noche anterior había sido algo más que una derrota táctica: fue el aviso definitivo de que el cerco se cerraba sin remedio.
Desde primera hora de la mañana, el silencio fue distinto. No era la calma que precede al combate, sino la que anuncia el final. En el cuartel general del ejército sitiador, el general López Domínguez hacía llegar a la plaza las condiciones de capitulación. No eran indulgentes, pero sí claras: indulto para quienes entregasen las armas dentro de la ciudad, salvoconducto para soldados y oficiales, y una línea roja infranqueable para los miembros de la Junta revolucionaria, que quedarían fuera de cualquier perdón. El mensaje era inequívoco: la ciudad podía salvarse, sus dirigentes no.
Dentro de Cartagena, la noticia se propagó con rapidez, de boca en boca, entre soldados descalzos, vecinos refugiados en sótanos y marineros que ya no sabían a quién obedecer. Muchos comprendieron que no había alternativa. Las defensas exteriores habían cedido, la artillería enemiga dominaba las alturas y el hambre hacía semanas que había entrado en las casas. Aun así, el orgullo resistía. Durante unas horas, se discutió, se dudó y se buscó una salida que no existía.
Fue entonces cuando se produjo la escena más simbólica de toda la guerra cantonal. Mientras en tierra se negociaba la rendición, en el puerto se preparaba la huida. Al caer la tarde del día 12, el acorazado Numancia, orgullo de la marina española y emblema del cantón rebelde, largó amarras. A bordo viajaban algunos de los principales dirigentes cantonales, entre ellos generales y miembros de la Junta, acompañados por un número indeterminado de presidiarios liberados durante la insurrección. La nave puso rumbo al norte de África, escapando del cerco como quien abandona un naufragio. Aquella salida no fue solo una fuga: fue la confesión tácita de que el proyecto cantonal había terminado.
En la ciudad, la marcha de la Numancia dejó un vacío difícil de describir. Para muchos, fue una traición; para otros, la única forma de evitar el paredón. Lo cierto es que, desde ese instante, Cartagena quedó sin dirección política efectiva. El cantón seguía existiendo sobre el papel, pero ya no tenía cabeza ni futuro.
La noche del 12 al 13 transcurrió en una tensa espera. No hubo celebraciones ni resistencias heroicas. Hubo, sobre todo, cansancio. A las ocho de la mañana del 13 de enero, tal como marcaban las condiciones, una comisión militar del ejército sitiador entró en la plaza. Las armas comenzaron a entregarse, los fuertes y castillos fueron ocupados sin disparos y el arsenal pasó a manos del Gobierno. Horas después, el propio general en jefe hacía su entrada oficial en una ciudad irreconocible, con calles abiertas por las explosiones, edificios derruidos y un silencio pesado que sustituía al estruendo de meses anteriores.
La guerra cantonal había terminado en Cartagena sin un último combate, pero no sin consecuencias. La ciudad quedó marcada durante décadas por las ruinas físicas y morales del sitio. Muchos de sus protagonistas marcharon al exilio o a prisión; otros regresaron a una vida civil empobrecida y vigilada. El 12 y el 13 de enero de 1874 no fueron solo dos fechas consecutivas: fueron el instante preciso en que la utopía federal armada se deshizo entre el humo de los cañones, el rumor del mar y la amarga certeza de la derrota.
Cartagena, rendida pero en pie, volvía a ser española por decreto y por las armas. El cantón, aquel sueño ardiente de soberanía popular, se apagaba definitivamente, dejando tras de sí una lección escrita con pólvora y ruinas: que las revoluciones también mueren de agotamiento, y que a veces su final no llega con una explosión, sino con el silencio de una ciudad que ya no puede más.
