Cartagena no está dispuesta a perder ni un solo empleo industrial sin presentar batalla. En una de esas escenas que definen el pulso de una ciudad con memoria obrera, la alcaldesa Noelia Arroyo se sentó frente a los representantes de los trabajadores de SABIC con un mensaje claro, casi sin matices: aquí la línea roja no se negocia.
La reunión, en la que también participaron la consejera de Empresa, Marisa López, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, sirvió para algo más que analizar la incertidumbre que envuelve a la planta de Lexan 1 tras su venta al grupo Mutares. Fue, en realidad, una declaración de intenciones institucional en toda regla.
Arroyo habló de Cartagena como ese territorio que siempre ha sabido abrir sus puertas a la industria, facilitando inversiones, agilizando trámites y ofreciendo incentivos. Pero también dejó claro que esa hospitalidad tiene límites cuando entra en juego el empleo. “Lo hemos puesto fácil para que vengan, pero no lo vamos a poner fácil para que se vayan sin cumplir”, vino a decir, marcando un discurso que mezcla firmeza política con cierto aire de advertencia.
En ese equilibrio entre atracción empresarial y defensa del tejido laboral se mueve ahora la estrategia. Porque, mientras la multinacional redefine su hoja de ruta, las administraciones ya han comenzado a mover piezas en escenarios más amplios. Madrid y Bruselas aparecen en el horizonte como espacios clave para captar fondos que permitan reindustrializar y modernizar la planta, con la mirada puesta en tecnologías que aseguren su viabilidad.
La alcaldesa dejó una frase que resume bien el momento: si instalarse es complejo, marcharse también lo será. No es solo una declaración política, sino una forma de trasladar a la empresa que el coste de abandonar Cartagena podría ser mayor que el de apostar por su continuidad.
Desde el Gobierno regional, el respaldo fue igual de contundente. Marisa López puso el foco en el papel de la Región dentro de la nueva Alianza Química Europea, una estructura pensada para blindar sectores estratégicos en un continente que empieza a mirar con preocupación su dependencia industrial. Juan María Vázquez, por su parte, fue aún más directo: ninguna pérdida de empleo es asumible. Así, sin rodeos.
Mientras tanto, los trabajadores, con Pascual Sánchez al frente del comité de empresa, se aferran a proyectos concretos que podrían marcar la diferencia. La caldera de biomasa, por ejemplo, no es solo una inversión técnica, sino una posible llave para reducir costes y asegurar el futuro de la planta. En ese terreno, el de las soluciones, se juega buena parte de la partida.
Pero la presión no se quedará en los despachos. El próximo 10 de abril, la Plaza del Ayuntamiento volverá a ser escenario de reivindicación. Allí, los trabajadores recordarán que detrás de cada cifra hay familias, barrios y una ciudad que ha crecido al calor de su industria.
Cartagena, una vez más, se mira en su pasado para defender su presente. Y en esa mirada hay algo más que política: hay identidad.
