Como si la ciudad viviera en un juicio interminable, Cartagena sigue atrapada en una incesante fase de la prueba. El avance de las nuevas tecnologías, que nos permite reconstruir nuestra historia a partir de documentos antiguos con una facilidad pasmosa, y una arqueología que no deja de sorprendernos con nuevas evidencias, están desmontando una a una todas las viejas narrativas.
Hoy tenemos la certeza de la manipulación de la Bula de Rieti y, con ello, de la irregularidad del traslado del Obispo de Cartagena a Murcia. Como bien reflexiona el arqueólogo vallisoletano Iván Negueruela, autor de Murcia por una mitra (Aglaya, 2008) y Materia scandali (Mallbec, 2024), aquel traslado constituye “el engaño más desconocido y duradero de la historia de España”.
La difusión de una, malintencionada, imagen de Cartagena reducida durante siglos a un humilde pueblo de pescadores no resiste el contraste con la evidencia. Los restos arqueológicos hasta hoy hallados —murallas, dos alcazabas, cerámicas islámicas de distintas épocas, maqbaras y la documentación que acredita los nombramientos de cadíes, jueces mayores de la medina— revelan una ciudad viva, compleja y con jerarquía institucional. Y si aún quedara alguna duda, basta recordar que en 1245 el reino de Castilla envió un ejército y una flota llegada del Cantábrico para conquistar Cartagena: ningún reino moviliza semejante fuerza para tomar una aldea de pescadores.
Sorprende descubrir, como demuestra la investigación del profesor José Luis Zubieta (UPM), que Javier de Burgos no fue realmente el autor intelectual de la supresión de la Provincia de Cartagena. Durante décadas se dio por hecho que la había eliminado de un plumazo, por decisión personal y sin debate parlamentario. Pero el ministro —exiliado en Francia durante años y marcado por el estigma de “afrancesado”— no redactó nada nuevo: simplemente rescató un proyecto olvidado en un cajón del Ministerio, elaborado en 1831 por José Agustín de Larramendi, ingeniero de caminos también afrancesado
y rehabilitado tras su depuración. Aun así, aquella división territorial, una auténtica chapuza aprobada sin pasar por Cortes, se promulgó por decreto y sigue vigente hasta hoy.
Y si solo de presentar pruebas se tratase, la lista de agravios o de carencias en infraestructuras, comunicaciones, desarrollo… podría prolongarse hasta el fin de los días. Podríamos seguir hallando restos arqueológicos, escribiendo artículos, publicando libros, participando en debates, fundando asociaciones o botando en el Cartagonova al grito de “Murciano el que no bote” hasta bien entrado el siglo XXII. La evidencia nunca ha sido el problema; lo determinante es la resignación de la sociedad cartagenera, que conduce a la inacción y condena a Cartagena, pese a su ingente potencial, a seguir encerrada en una tutela exterior que claramente nos perjudica.
¿No está Cartagena ya suficientemente ilustrada? ¿No es momento de pasar a conclusiones? ¿No resulta imprescindible un cambio de paradigma en la forma de pensar y actuar de la propia sociedad cartagenera?
Y si tenemos claro que esa tutela exterior nos asfixia, ¿cómo revertirla? La respuesta es tan sencilla de formular como difícil de aplicar: el voto. No existe herramienta más directa, más pacífica y más decisiva para alterar un marco político que ha permanecido inalterado durante décadas.
Pero no se trata solo del derecho fundamental de votar, que afortunadamente llevamos cinco décadas ejerciendo. El reto real es contextualizar el voto, entender qué está en juego en cada elección y actuar en consecuencia. Si lo llevamos al terreno futbolístico, sería como dejar de ser, por un día, hincha del Madrid o del Barça para darle prioridad a la selección. No se renuncia a la identidad; se ajusta el foco. En política local y regional ocurre lo mismo: no se trata de abandonar preferencias ideológicas, sino de decidir si, en ese momento concreto, lo que conviene es defender el interés del territorio que uno pisa cada mañana.
Cuando lleguen las elecciones locales o regionales, la sociedad cartagenera no puede permitirse, otra vez, votar en clave nacional. Es, en términos prácticos, como darse un tiro en el pie. Porque el eje del debate, en elecciones municipales, no es quitar o mantener a un presidente del Gobierno —para eso ya existen las elecciones generales—, sino devolver a Cartagena el estatus que nunca debió perder.
Si el voto se dirige a partidos de ámbito nacional, el resultado es conocido: representantes cartageneros con jefatura política en Murcia y, en consecuencia, la perpetuación del mismo marco de decisiones. Nada cambia porque todo sigue subordinado a la misma estructura. La lógica es simple: cuando la cadena de mando no está en Cartagena, las prioridades tampoco lo están.
