La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha dado este jueves un paso decisivo para modernizar los quioscos de la ciudad, aprobando una nueva ordenanza que amplía de forma notable las actividades que podrán desarrollarse en estos pequeños espacios de la vía pública. La medida nace con una intención clara: reforzar la viabilidad económica de unos establecimientos tradicionales que, pese al paso del tiempo, siguen siendo puntos de referencia en barrios y diputaciones.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, lo expresó con rotundidad: estas instalaciones “van a aprovecharse para atender necesidades modernas, garantizar el empleo y dar mejores servicios cerca de los cartageneros”. Y lo cierto es que la norma abre la puerta a un abanico de usos mucho más amplio del habitual. Además de la venta de prensa, los quioscos podrán ocuparse de gestionar entradas para eventos, servir como puntos de recogida y distribución de paquetería o permitir la recarga de la tarjeta del autobús urbano. “Donde antes solo se podía comprar prensa, ahora podrás comprar entradas, recoger un paquete o recargar la tarjeta del autobús”, resumía Arroyo, subrayando el giro práctico que se quiere imprimir a estos puestos.
La ordenanza también permite la venta de bebidas envasadas, cafés de cápsula y helados, siempre dentro de los límites fijados y sin que estas actividades deriven en una transformación encubierta en locales de hostelería. Ahí es donde aparece una de las ausencias que resulta inevitable señalar: no se contempla el uso como cafetería, un servicio que podría encajar de forma natural con la evolución de estos espacios y que, en muchas ciudades, ha servido para revitalizarlos. Que ese uso continúe prohibido —salvo autorización excepcional— deja la sensación de una oportunidad perdida. En un momento en el que los barrios reclaman más vida y más servicios de cercanía, hubiese sido razonable permitir que un café recién hecho formara parte de la experiencia de estos quioscos renovados.
El texto regula tres tipos de quioscos: el tradicional, el de helados artesanales y el de churros y masas fritas, cada uno con requisitos sanitarios y técnicos específicos para garantizar tanto la seguridad de las instalaciones como la calidad de los productos. También se actualiza el régimen de concesión, que pasa a configurarse como un uso privativo del dominio público municipal, adjudicado mediante licitación y con títulos de diez años prorrogables hasta un máximo de veinte. Los titulares deberán atender personalmente el quiosco, pudiendo contratar hasta dos auxiliares.
En materia urbana, la ordenanza establece distancias mínimas entre quioscos, regula la instalación de publicidad y garantiza que estos puestos no interfieran en el tránsito ni en otros servicios públicos. Son criterios funcionales que buscan integrar mejor estas estructuras en el espacio urbano, evitando saturaciones y asegurando la accesibilidad.
La nueva normativa llega tras un proceso de consulta pública, informes sectoriales y un periodo de exposición que no ha recibido alegaciones de organizaciones empresariales, lo que el Ayuntamiento interpreta como un aval técnico al cambio y a la necesidad de adaptar estos puestos a la demanda actual de servicios de proximidad. Aun así, en esta modernización tan esperada, se echa en falta esa posibilidad de convertirlos —aunque fuera de forma limitada— en pequeños puntos de café. Un gesto que, sin cambiar la esencia del quiosco, podría haber impulsado su atractivo y su supervivencia
