La respuesta de los vecinos y colectivos ciudadanos del distrito 7 al comunicado difundido por Nefer Power S.L. sobre los proyectos Agrivolt 2 y Agrivolt 3 no es una reacción improvisada ni emocional. Es un posicionamiento firme, argumentado y profundamente ligado a la experiencia de quienes viven en el territorio afectado. Frente al relato empresarial, la ciudadanía organizada reclama algo esencial: que el debate se dé con toda la información sobre la mesa y desde el respeto a las personas y al entorno:
Ante el comunicado difundido por Nefer Power S,L sobre los proyectos Agrivolt 2 y Agrivolt 3, los vecinos y colectivos ciudadanos de Los Belones queremos hacer varias aclaraciones necesarias para que la ciudadanía disponga de una información completa y equilibrada.
- No estamos contra las renovables, estamos contra proyectos mal ubicados y mal gestionados
Defendemos la transición energética, pero no a cualquier precio ni en cualquier lugar. Exigimos planificación, evaluación rigurosa, respeto al territorio y participación real de la población afectada. La sostenibilidad no puede construirse ignorando a quienes vivimos en el entorno.
- Existen numerosas alegaciones y una oposición social real
Contrariamente a lo que afirma la empresa, se han presentado muchísimas alegaciones ante el Ayuntamiento de Cartagena y otros organismos, además de una recogida de firmas masiva para frenar estos proyectos. No se trata de una oposición “genérica” ni minoritaria, sino de una movilización social amplia y organizada que expresa una preocupación legítima por el impacto territorial, ambiental y social.
- La proximidad a espacios protegidos exige el máximo nivel de cautela
Que un proyecto no esté formalmente dentro de Red Natura 2000, ZEPA o del Parque Regional de Calblanque no elimina la obligación de evaluar afecciones indirectas: paisaje, corredores ecológicos, biodiversidad, hidrología, impacto acumulativo y relación con un entorno ambientalmente sensible. La cercanía a estos espacios exige mayor rigor, no una lectura restrictiva de los límites administrativos.
- La tramitación ambiental es discutible y puede ser revisada
Que el órgano ambiental haya optado por una evaluación simplificada no impide, ni jurídica ni técnicamente, que se cuestione si esa fue la vía correcta cuando concurren factores como dimensión, acumulación de proyectos, proximidad a áreas sensibles y afecciones no suficientemente analizadas. Plantear esta cuestión es legítimo y forma parte del control democrático de la actuación administrativa.
- La paralización no es arbitraria: hay requerimientos que deben subsanarse
No es cierto que la suspensión cautelar carezca de base. Los proyectos han sido paralizados tanto por la acción vecinal como por la intervención del concejal de Urbanismo, tras detectarse discrepancias entre lo autorizado y lo ejecutado. A día de hoy existen requerimientos administrativos —más de una decena de páginas— que la empresa debe subsanar para poder continuar. Una suspensión cautelar no se adopta por “factores ajenos a criterios técnicos”, sino cuando existen indicios de irregularidades que deben aclararse.
- La empresa habla de pueblo dividido, pero la división la genera su forma de llegar
Nefer Power S,L . sostiene que existe “pluralidad de opiniones”. Sin negar que siempre hay matices, lo cierto es que la fractura social aparece cuando una empresa irrumpe en un territorio sin escuchar a sus vecinos. Literalmente se nos dijo: “no pensábamos que os ibais a poner así”. Esa frase resume una manera de actuar: llegar con proyectos cerrados, con títulos, premios y discursos, y esperar que la población los acepte sin más.
- Ética y respeto: no todo lo legal es legítimo
Nos hablan de transparencia, pero acuden a reuniones privadas grabando con móviles; nos hablan de diálogo, pero no escuchan las preocupaciones reales de quienes vivimos aquí; nos hablan de innovación, pero actúan como si los reconocimientos y galardones les otorgaran derecho a pasar por encima de las personas, del paisaje y de la vida cotidiana del pueblo.
La transición ecológica no puede construirse sacrificando comunidades locales ni depreciando el valor de su entorno, de sus viviendas y de su calidad de vida.
- Defendemos el interés general
Nuestra posición es clara: pedimos claridad, revisión completa de los expedientes, máxima exigencia ambiental y respeto a la voluntad vecinal. El territorio, el paisaje, la biodiversidad y la cohesión social son bienes comunes. La legalidad administrativa, cuando está en cuestión, debe revisarse; la ética y la legitimidad social no pueden ignorarse.
NOSOTROS no somos un obstáculo al progreso. Somos quienes vivimos aquí, quienes cuidamos este entorno y quienes exigimos que la transición energética se haga con planificación, justicia territorial y respeto.
Porque la sostenibilidad sin personas no es sostenibilidad.
