La nota de prensa difundida por la Asociación ORIGEN no es un gesto impulsivo ni una salida de tono. Es el resultado de un camino largo, paciente y documentado que, lejos de encontrar respuestas, ha chocado con un muro inesperado: el silencio primero y el bloqueo digital después por parte de los perfiles oficiales de la Archidiócesis de Granada, de la que depende la Diócesis de Cartagena. El asunto no es menor. Lo que está en juego es el presente y el futuro de la Catedral de Cartagena, un edificio singular por una razón que debería avergonzar a cualquier institución responsable del patrimonio: es la única catedral de España que no fue reconstruida tras la Guerra Civil.
ORIGEN explica con claridad que sus comunicaciones han sido respetuosas, institucionales y fundamentadas en datos. No hubo ataques personales ni descalificaciones. Hubo preguntas. Hubo aportación de información. Hubo una solicitud clara de diálogo. La respuesta fue el silencio prolongado y, finalmente, el bloqueo en redes sociales. Un gesto que, más allá de lo digital, tiene una carga simbólica poderosa: cerrar la puerta a una asociación ciudadana que representa una preocupación compartida por una parte muy amplia de la sociedad cartagenera.
Porque la causa de la catedral hace tiempo que dejó de ser una reivindicación de minorías. En torno a ella se ha articulado un consenso social y político difícil de ignorar. Colectivos culturales, asociaciones vecinales, entidades patrimonialistas y ciudadanos sin adscripción alguna reclaman que se ponga fin a décadas de indefinición. A ese clamor se han sumado fuerzas políticas locales y regionales —con la notable excepción del partido que gobierna actualmente el Ayuntamiento de Cartagena— y apoyos públicos de figuras de proyección nacional como Miguel Ángel Revilla, que no han dudado en mostrar su respaldo a la recuperación de la catedral como un acto de justicia histórica y cultural.
En ese contexto, las preguntas que ORIGEN vuelve a formular de manera pública no resultan incómodas por su contenido, sino por lo que revelan. ¿Qué está ocurriendo para que las instancias eclesiásticas competentes permanezcan mudas ante una cuestión de tanto calado? ¿Por qué se opta por bloquear en redes a quien pregunta con respeto en lugar de corregir, matizar o aclarar con datos? ¿Existe una posición oficial clara sobre la conservación, la recuperación o la reconstrucción de la catedral que pueda explicarse sin ambigüedades a la ciudadanía? Y, sobre todo, ¿es compatible la transparencia institucional con el bloqueo sistemático de la sociedad civil?
El silencio, cuando se prolonga, deja de ser neutral. Se convierte en mensaje. Y el mensaje que hoy percibe buena parte de Cartagena es paradójico: mientras la ciudad, su tejido asociativo y una parte significativa de sus representantes reclaman explicaciones y decisiones, quienes tienen competencias directas sobre el templo optan por callar y cerrar canales de comunicación. No es una estrategia inocua. Bloquear a la sociedad civil no resuelve el problema de fondo ni protege a la institución que lo hace; al contrario, la aleja de la realidad de sus fieles y de una ciudadanía que siente ese patrimonio como propio.
ORIGEN, lejos de elevar el tono, reafirma un compromiso que resulta casi pedagógico en los tiempos que corren: respeto, serenidad y firmeza. Seguir solicitando diálogo. Exigir transparencia y responsabilidad. Mantener viva una causa que no es contra nadie, sino a favor de la historia y de la dignidad de una ciudad. Porque la catedral no es un asunto privado ni un expediente olvidable. Es memoria, es identidad y es una deuda pendiente con Cartagena.
Hay frases que resumen mejor que cualquier informe técnico lo que está ocurriendo. “La verdad no se bloquea, el patrimonio no se oculta”. En esa idea late algo más profundo: el convencimiento de que Cartagena y su diócesis tienen derecho a ser escuchadas. Y de que, tarde o temprano, el silencio tendrá que dar paso a una respuesta a la altura de la historia que se guarda entre las ruinas de su catedral.
