Cartagena vivió este pasado12 de febrero una de esas jornadas que, con el paso del tiempo, se señalan en los libros de historia local como un punto de inflexión. El salón de plenos acogió una sesión extraordinaria que no era una más. Bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, la corporación municipal aprobó provisionalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un documento que sustituye al planeamiento vigente desde hace casi cuarenta años y que marcará el desarrollo del municipio durante las próximas décadas. Horas después, el mismo pleno daba el visto definitivo a los presupuestos municipales de 2026, los más elevados de la historia del Ayuntamiento.
La aprobación del PGOU salió adelante con un amplio respaldo: votos favorables de PP, VOX, PSOE y la edil no adscrita María Dolores Ruiz; el rechazo de MC Cartagena y la abstención del grupo Mixto-Sí Cartagena. No es habitual en la política local alcanzar un consenso de esta magnitud en un asunto estructural, y por eso la alcaldesa calificó el acuerdo de “histórico”. Más allá del adjetivo, lo cierto es que el urbanismo en Cartagena llevaba demasiado tiempo atrapado en debates, recursos, informes y desencuentros que habían terminado por pasar factura al conjunto del municipio.
Durante años, la ausencia de un nuevo plan adaptado a la realidad económica, social y ambiental del siglo XXI ha supuesto inseguridad jurídica, dificultades para atraer inversiones y una planificación fragmentada que ha condicionado el crecimiento ordenado de barrios, diputaciones y suelo industrial. Empresas que buscaban implantarse, promotores que necesitaban reglas claras, vecinos pendientes de la regularización de suelos o de nuevas dotaciones… todos han sufrido las consecuencias de un documento anclado en los años 80.
El nuevo Plan habilita suelo para más de 120.000 viviendas, amplía en diez millones de metros cuadrados el suelo industrial y plantea medidas orientadas a abaratar el coste de la edificación, además de introducir herramientas específicas para la protección del patrimonio arqueológico, una cuestión especialmente sensible en una ciudad con la riqueza histórica de Cartagena. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, subrayó durante su intervención que el texto es fruto de un proceso participativo amplio, con más de 1.600 alegaciones de particulares y colectivos, de las cuales se ha incorporado aproximadamente una tercera parte, sumando además propuestas de los grupos municipales.
Antes de la votación final se debatió una enmienda presentada por MC Cartagena, centrada en la consideración como suelo urbanizable del ámbito contaminado del Hondón. La propuesta planteaba posponer esa calificación a un plan posterior. No prosperó. Fue respaldada únicamente por MC, mientras el Gobierno votó en contra y PSOE, Sí Cartagena y la edil no adscrita optaron por la abstención. La cuestión del Hondón seguirá siendo, previsiblemente, uno de los focos de debate en el desarrollo posterior del Plan.
En el turno de posicionamientos, MC mantuvo su rechazo frontal a un documento que considera perjudicial para el presente y el futuro del municipio. El PSOE, por su parte, explicó su cambio de postura respecto a la Comisión de Urbanismo, donde se abstuvo. Su portavoz, Manuel Torres, defendió un “apoyo crítico”: no es el plan que habrían redactado los socialistas, pero Cartagena —afirmó— no puede permitirse continuar paralizada. VOX respaldó sin fisuras la herramienta que planificará el crecimiento de las próximas décadas, mientras que Sí Cartagena justificó su abstención al entender que el proceso podría haber contado con mayor transparencia y trabajo conjunto. María Dolores Ruiz apeló a la responsabilidad de no perpetuar un planeamiento nacido en otro tiempo.
El debate urbanístico se encadenó con otro asunto de gran calado: la aprobación definitiva del Presupuesto General de 2026. Tras rechazar las dos alegaciones presentadas, el pleno dio luz verde a unas cuentas que ascienden a 288 millones de euros, la cifra más alta en la historia municipal, y que incorporan por primera vez un superávit inicial de 4,5 millones. En esta ocasión, el respaldo se limitó a los concejales del Gobierno (PP y VOX), con el voto en contra de MC, PSOE y Sí Cartagena, y la abstención de la edil no adscrita.
El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, defendió que se trata de unas cuentas destinadas a mejorar la calidad de vida, reforzar servicios públicos, incrementar inversiones en barrios y diputaciones y reducir la presión fiscal, especialmente sobre quienes más lo necesitan. Habló de impulso al turismo, al deporte, al patrimonio y a la cultura; de estímulo a la economía local y apoyo a autónomos y emprendedores.
La oposición, sin embargo, dibujó un escenario muy distinto. MC criticó que el presupuesto nace condicionado por un déficit previo y con más del 80% del gasto comprometido, dejando escaso margen inversor y suponiendo —a su juicio— una subida fiscal efectiva. El PSOE calificó las cuentas de faltas de rigor y planificación, señalando que contemplan menos partidas para inversiones y mantenimiento, al tiempo que aumentan impuestos como el IBI, el agua o la basura. Sí Cartagena cuestionó la credibilidad de las previsiones de ingresos, alertó de un nuevo endeudamiento y advirtió sobre el riesgo de ahogar a la pequeña y mediana empresa.
Más allá del cruce de argumentos, lo cierto es que Cartagena cerró la jornada con dos decisiones que definen el armazón de su futuro inmediato: el marco urbanístico que ordenará su crecimiento y el instrumento económico que lo financiará. El PGOU ha sido durante demasiado tiempo una asignatura pendiente que ha pesado sobre el desarrollo del municipio. Su aprobación provisional no resuelve todos los debates ni elimina las discrepancias, pero sí rompe una inercia de bloqueo que comenzaba a ser estructural.
Cartagena deja atrás, al menos en este capítulo, la imagen de ciudad detenida en un planeamiento de finales del siglo pasado. Se abre ahora una etapa en la que la responsabilidad será doble: ejecutar con rigor lo aprobado y demostrar que el consenso alcanzado no fue un gesto puntual, sino el inicio de una forma de entender los grandes asuntos de ciudad. Porque si algo ha quedado claro en este pleno extraordinario es que cuando el urbanismo se paraliza, el municipio entero lo paga; y cuando se desbloquea, la oportunidad también es colectiva.
