Hay historias que, si no fueran reales, parecerían escritas para una comedia costumbrista. Diez años para rehabilitar un edificio emblemático. Diez años de recursos, alegaciones, informes y contrainformes. Diez años viendo cómo el polvo se asentaba sobre las butacas de un símbolo mientras en otras ciudades —de tierra adentro, sin mar que contemplar ni brisa que distraiga— los proyectos culturales parecen avanzar con una agilidad casi envidiable.
La alcaldesa de Noelia Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento actuará con la máxima diligencia para conceder la licencia de obras del Cine Central, una vez que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha despejado el último obstáculo administrativo. La resolución favorable pone fin —al menos sobre el papel— a una etapa marcada por lo que la regidora ha definido como un “torpedeo permanente” del proyecto.
El edificio, adquirido por la Comunidad Autónoma en 2016, ha atravesado una década de vicisitudes que han ralentizado su transformación en el centro cultural y de artes escénicas que está llamado a ser. “Cada paso que se ha dado se ha recurrido con la intención de retrasar el proyecto”, ha señalado Arroyo, subrayando que el presupuesto de 5,6 millones de euros “siempre ha estado y está para empezar ya”, y que el retraso “no es achacable ni al gobierno regional ni al del ayuntamiento”.
Resulta inevitable cierta ironía al observar cómo, mientras tanto, en otras ciudades sin puerto ni historia portuaria que gestionar, los equipamientos culturales se licitan, adjudican y ejecutan con una fluidez que aquí parece reservada a los sueños. Cartagena, que ha aprendido a convivir con los tiempos largos, contempla ahora la posibilidad real de ver cómo las máquinas entran en el Cine Central sin que un nuevo recurso lo detenga en el último minuto.
La actuación no es menor. El proyecto contempla la restauración de la fachada original de 1880 y la demolición interior del anexo para configurar un espacio polivalente adaptado a las necesidades contemporáneas. No se trata solo de rehabilitar un inmueble, sino de integrarlo en un eje estratégico para la revitalización del casco histórico, junto a la nueva estación de autobuses —que incorporará otros usos en su planta superior—, el mercado Gisbert y las intervenciones previstas en el Monte Sacro.
La alcaldesa lo ha expresado con claridad: “Esto no es solo un edificio; es el corazón de un plan para devolver la vida a nuestro casco histórico”. Y quizá ahí radique la verdadera dimensión del asunto. El Cine Central no es únicamente una obra pendiente; es una pieza clave en una estrategia más amplia para reactivar social y culturalmente una zona que necesita latido, actividad y presencia constante de vecinos y visitantes.
Durante años, el proyecto ha sido ejemplo de esa paradoja cartagenera: tener el presupuesto consignado y, sin embargo, permanecer inmóvil. Ahora, con el fallo del tribunal, el camino administrativo queda despejado y el Ayuntamiento anuncia tramitación prioritaria de la licencia.
Después de tanto tiempo, casi resulta cómico —si no fuera por la importancia del proyecto— pensar que el mayor obstáculo no fue la falta de financiación ni de voluntad política declarada, sino la sucesión de recursos que fueron ralentizando cada fase. Cartagena, acostumbrada a batallar con su propia complejidad histórica y administrativa, espera que esta vez el telón se levante de verdad.
El presupuesto está. El proyecto está. La resolución judicial también. Solo falta que, por una vez, la ciudad no tenga que mirar hacia el interior del país preguntándose por qué allí todo parece más sencillo y aquí cada paso requiere una paciencia casi infinita. Quizá esta sea, al fin, la ocasión en que el Cine Central deje de ser promesa y vuelva a ser escenario.
