No es solo una sede. No es únicamente una oficina más en el organigrama regional. Para muchos cartageneros, la decisión de instalar la Film Commission de la Región en Murcia representa la confirmación de un patrón que se repite con una constancia difícil de ignorar: se promete Cartagena, pero finalmente todo termina en Murcia.
La crítica ha sido formulada con claridad por el Partido Cantonal de Cartagena, que acusa al Gobierno autonómico, presidido por Fernando López Miras, de haber vuelto a incumplir el compromiso de descentralizar este nuevo organismo. Según los cantonales, en un primer momento se barajaron espacios en Cartagena, lo que alimentó la expectativa de que, por una vez, una institución de proyección estratégica pudiera ubicarse fuera de la capital autonómica. Sin embargo, la decisión final ha sido otra.
El malestar no nace de un hecho aislado. Lo que se cuestiona es un modelo que, a juicio de muchos, concentra sistemáticamente los organismos, los recursos y las oportunidades en un único municipio. La sensación que se extiende es que no existe una comunidad autónoma equilibrada, sino una estructura que funciona como si fuera una ciudad autónoma con periferia administrativa.
La Film Commission no es un asunto menor. Hablamos de un ente llamado a atraer producciones audiovisuales, generar actividad económica, crear empleo cualificado y proyectar la imagen exterior de la Región. Allí donde se instala su sede, se consolidan relaciones profesionales, redes institucionales y visibilidad. Por eso la ubicación importa. Y por eso la decisión tiene una lectura política más profunda.
Quienes critican el reparto actual sostienen que cuando una institución nace en Murcia, rara vez se traslada después. Lo provisional se convierte en permanente, y lo permanente refuerza una centralización que, según esta visión, empobrece al resto de municipios al privarlos de estructuras estratégicas. No se trata únicamente de oficinas; se trata de influencia, de capacidad de decisión y de desarrollo territorial.
Cartagena, que alberga la Asamblea Regional y posee un peso histórico, industrial y cultural determinante, percibe que su papel institucional no guarda proporción con su relevancia real. La reiteración de decisiones similares alimenta la idea de que las promesas de equilibrio territorial son recurrentes en el discurso, pero excepcionales en la práctica.
El debate, por tanto, ya no gira solo en torno a la Film Commission. Gira en torno a un modelo. Un modelo que para sus defensores responde a criterios de operatividad y concentración administrativa, pero que para sus detractores se ha convertido en un sistema injusto de reparto. Y lo que empieza a percibirse con mayor claridad es el cansancio social ante una dinámica que muchos consideran estructural.
Cuando la expectativa se frustra una y otra vez, la decepción deja de ser coyuntural. Se transforma en desconfianza. Y cuando la desconfianza se instala, el debate deja de ser técnico y pasa a ser político. Esa es, quizá, la verdadera dimensión de esta decisión: no dónde se ubica una oficina, sino qué modelo territorial se está consolidando con cada elección.
