La Junta de Gobierno Local de Cartagena, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, un texto con el que el Ayuntamiento busca blindar el uso adecuado de calles, plazas y parques, al tiempo que agiliza la respuesta frente a conductas que deterioran la vida cotidiana en la ciudad.
La norma nace con una vocación clara: actuar con rapidez cuando el espacio público se degrada. Según ha explicado la alcaldesa, la convivencia requiere “reglas claras” y una administración capaz de intervenir cuando la calle deja de cumplir su función común y aparecen comportamientos que afectan tanto a vecinos como a comerciantes. El documento se ha elaborado tras analizar las ordenanzas más eficaces de España y adaptarlas a la realidad actual del municipio.
El enfoque del texto no es recaudatorio, sino reparador. La ordenanza introduce herramientas para corregir de forma inmediata los efectos del mal uso del espacio público, desde la retirada cautelar de materiales hasta el decomiso de objetos, la suspensión de actividades o la reposición de la situación alterada. En los casos en los que se produzcan daños en bienes municipales, la sanción irá acompañada de la obligación de asumir el coste de la reparación.
Uno de los aspectos más concretos es la actuación frente a grafitis, cartelería ilegal o vandalismo. Los agentes podrán intervenir los materiales utilizados e incluso ordenar la limpieza inmediata cuando sea posible. Si el responsable no actúa, el Ayuntamiento ejecutará los trabajos de forma subsidiaria y reclamará posteriormente el importe. Este mismo criterio se aplicará a daños en mobiliario urbano, jardines o elementos patrimoniales.
La mediación se incorpora como una herramienta clave para resolver conflictos derivados del uso compartido del espacio público. El Ayuntamiento apuesta por esta vía para reducir tensiones y fomentar acuerdos, especialmente en el caso de menores, donde se plantea un sistema voluntario con la participación de familias y, si procede, de las personas afectadas. El objetivo es que el infractor comprenda el daño causado y contribuya a su reparación, incluso reconduciendo expedientes sancionadores hacia esta alternativa cuando resulte más eficaz.
En materia de mendicidad, Cartagena refuerza su modelo de intervención con patrullas mixtas de Policía y trabajadores sociales, poniendo el foco en los casos de carácter agresivo o que impliquen a menores. La ordenanza subraya que no se sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o intimidatorias que dificultan el uso normal de la vía pública. En situaciones de especial vulnerabilidad, como acampadas, se priorizará la atención social frente a la sanción.
El texto también prohíbe la oferta o solicitud de servicios sexuales en la vía pública, aunque excluye de sanción a las víctimas de explotación, a quienes se ofrecerá apoyo para abandonar esa situación. Asimismo, aborda el absentismo escolar, estableciendo la responsabilidad de los padres y contemplando alternativas educativas a las sanciones económicas.
El régimen sancionador se adapta a la gravedad de las infracciones, con multas que pueden alcanzar los 120 euros en casos leves, hasta 500 euros en usos indebidos del espacio público y hasta 3.000 euros en conductas graves o muy graves, como daños al patrimonio protegido o la mendicidad con menores.
Junto a estas medidas, la ordenanza incorpora un capítulo dedicado al fomento de la convivencia, que incluye campañas informativas, acciones educativas, programas dirigidos a jóvenes y colaboración con asociaciones, además de iniciativas para promover el respeto a la diversidad cultural y religiosa.
El proyecto deberá superar ahora su aprobación inicial en el Pleno municipal y un periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva, en un proceso que busca dotar a Cartagena de una herramienta más eficaz para preservar el uso compartido y respetuoso de sus espacios públicos.
