El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena dio este lunes un paso decisivo hacia su aprobación definitiva, tras obtener dictamen favorable en la comisión informativa de Urbanismo, celebrada por la mañana para analizar el documento revisado, las propuestas del Gobierno municipal y el resultado del estudio de las alegaciones presentadas tanto por particulares como por los propios grupos políticos. El texto llegará al Pleno este próximo jueves con un respaldo mayoritario y la voluntad expresa de convertirse en el gran marco de desarrollo de la ciudad para las próximas décadas.
La comisión avaló las principales líneas del plan impulsado por el Gobierno local, con el apoyo de la mayoría de los grupos y la única excepción de MC, que optó por la abstención en todas las propuestas sometidas a votación. En el cómputo final del dictamen, los votos favorables fueron los de PP y Vox, junto al de la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, mientras que PSOE, MC y Sí Cartagena se abstuvieron.
Uno de los aspectos más relevantes de esta fase ha sido la incorporación total o parcial de aproximadamente un tercio de las más de 1.600 alegaciones presentadas por ciudadanos. A ello se suma que varias de las alegaciones inicialmente rechazadas han acabado integrándose en el documento a través de propuestas formuladas por el Gobierno y por los grupos municipales, reforzando así el carácter participativo del proceso.
El presidente de la comisión y concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, subrayó que el texto final recoge “la mayor parte de las propuestas de los grupos de la oposición”, con el objetivo de alcanzar “el mayor consenso posible para el documento más importante que se va a aprobar en la legislatura”. En esa línea, defendió que el plan garantiza suelo suficiente para vivienda asequible, introduce medidas novedosas para apoyar la construcción y amplía de forma significativa el suelo destinado a la actividad industrial, incorporando además aportaciones tanto de ciudadanos como de todas las fuerzas políticas.
En materia de vivienda, el PGOU plantea un paquete de incentivos orientados a aumentar la oferta y reducir los costes de edificación. Entre las medidas destaca la posibilidad de resolver el aparcamiento obligatorio en superficie sin que ello suponga perder plantas de vivienda, al no computar esas plantas de garaje ni en edificabilidad ni en número de alturas, dentro de los criterios previstos. Esta solución, inicialmente pensada para zonas inundables, se extiende ahora a todo el municipio, aunque en el Casco Antiguo se aplicará lo que determine el PEOPCH, actualmente en revisión.
El documento incorpora también compensaciones por hallazgos arqueológicos, con incrementos de edificabilidad de hasta el 35% cuando aparezcan restos y de hasta el 40% si la promoción se destina a vivienda protegida. Cuando estos incrementos no puedan materializarse en el propio solar por razones patrimoniales o paisajísticas, el aprovechamiento no ejecutado podrá trasladarse a otra parcela.
Otra de las líneas de actuación afecta al suelo destinado a equipamientos. El plan abre la puerta a cambiar la calificación de propiedades municipales en desuso para permitir vivienda residencial colectiva y extiende esa posibilidad a suelos privados de equipamiento, siempre que no se trate de reservas para usos educativos o sanitarios.
El incentivo principal para impulsar la vivienda protegida se fija en la edificabilidad. Las parcelas de uso residencial libre que destinen toda la promoción a este tipo de vivienda podrán obtener incrementos de hasta el 40%, porcentaje que alcanza el 50% en el caso de parcelas públicas, siempre que el cambio afecte a la totalidad de la promoción. Además, para reducir costes, determinados espacios comunes de uso comunitario no computarán a efectos de edificabilidad dentro de unos límites establecidos.
En cuanto al crecimiento residencial, el Gobierno mantiene el objetivo de ampliar la capacidad del plan desde las cerca de 80.000 viviendas previstas inicialmente hasta una cifra próxima a las 100.000. Para ello se trabaja en la incorporación de unas 700 hectáreas adicionales, con el compromiso de que los nuevos desarrollos den continuidad a los ya consolidados y con límites a la edificación en altura en las diputaciones. Con esta ampliación, el suelo urbanizable residencial pasaría del 5,7% al 7% del total del término municipal.
El apartado industrial es otro de los pilares del nuevo PGOU. Se propone incorporar casi siete millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en tres grandes ámbitos: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio entre Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, en la carretera de La Palma. Esta ampliación se suma a la prevista en Escombreras, elevando de forma notable la superficie disponible y garantizando, además, que el Ayuntamiento disponga del 10% de ese nuevo suelo para infraestructuras estratégicas y apoyo a la captación de inversiones.
El texto refuerza el carácter productivo de este suelo al prohibir la implantación de plantas de biogás o fotovoltaicas, salvo que estén ligadas al suministro energético de una inversión industrial concreta. También se eleva la altura de referencia de las naves a 12 metros, con la posibilidad de autorizar mayores alturas cuando el proyecto lo requiera.
En la recta final de la revisión se incorporaron otras actuaciones relevantes, como la reserva de suelo público en Cabo de Palos para aparcamiento disuasorio y posible mercadillo, la calificación del Camino del Sifón como sistema general, la consolidación del recinto ferial de Pozo Estrecho, la protección del antiguo depósito de agua de Canteras o la previsión de un plan especial para el polideportivo Jiménez de la Espada, que mantenga el uso deportivo en planta baja y admita usos complementarios en plantas superiores.
Entre las aportaciones de los grupos, MC logró incluir una banda de protección de suelo en la antigua carretera de Cartagena-La Unión para posibilitar en el futuro un bulevar entre ambas poblaciones. El PSOE introdujo una franja de protección de unos 600 metros respecto a cualquier tipo de suelo para impedir instalaciones fotovoltaicas que no sean de autoconsumo. Por su parte, a propuesta de la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, se incorporaron medidas relativas a la dotación de aparcamientos en el Casco Histórico en un radio de hasta 500 metros y al grado de protección de la Ermita de San José en El Lentiscar.
Con este respaldo y tras años de tramitación, el nuevo PGOU afronta ahora el debate plenario como la hoja de ruta con la que el Ayuntamiento de Cartagena quiere ordenar el crecimiento urbano, responder a la demanda de vivienda y reforzar la base productiva de la ciudad.
