Hoy, 3 de febrero, Cartagena vuelve a pasar por delante de un edificio que, para muchos, no es solo piedra institucional: es memoria. Memoria de una ciudad que en 1992 se sintió empujada a la esquina, cercada por el desempleo, la incertidumbre y esa sensación —tan cartagenera— de que las decisiones importantes siempre se toman lejos, y casi nunca pensando primero aquí. Aquel 3 de febrero de 1992 no se quemó un símbolo por capricho: se quemó en medio de una tormenta social que llevaba tiempo cargándose sobre los hombros de miles de familias trabajadoras.
Cartagena era entonces un motor industrial, pero un motor al que le estaban quitando piezas a la vista de todos. La reconversión industrial golpeaba con un nombre frío y una consecuencia caliente: expedientes, cierres, despidos, promesas de reindustrialización que sonaban a música lejana. En las crónicas de aquellos días aparecen una y otra vez las factorías, los astilleros, la fundición; aparece esa cadena de anuncios que, empresa a empresa, iba deshilachando el futuro. La protesta de aquella jornada, convocada por comités de empresa, buscaba algo que hoy parece casi ingenuo: una reunión, una respuesta política, un compromiso real para que la ciudad no se apagara.
Al frente del Gobierno autonómico estaba Carlos Collado. Y la tensión —según relatan quienes lo vivieron desde el sindicalismo— llevaba semanas creciendo, con intentos frustrados de ser escuchados. Cartagena, mientras tanto, hacía lo que ha hecho tantas veces: salir a la calle. No para pedir un lujo, sino para defender el suelo bajo los pies.
La escena terminó por cruzar un umbral que nadie debería querer cruzar. Entre los disturbios, un cóctel molotov entró por una ventana rota y prendió en las cortinas; la sala de conferencias se incendió; el humo negro convirtió el edificio en una imagen que daría la vuelta a España. Se sitúa el inicio del fuego a última hora de la tarde, en torno a las seis y cuarto, en medio de un enfrentamiento prolongado con heridos por ambos lados. No fue una acción “organizada” con relato épico: fue, más bien, el retrato crudo de un descontrol social que nace cuando una comunidad siente que la están dejando sin salida.
Y, aun así, conviene decirlo con claridad: quemar una institución democrática nunca puede ser una meta. Puede ser un síntoma, un estallido, una señal de alarma; pero no un camino deseable. Lo relevante —lo verdaderamente político— es preguntarse por qué una ciudad llega a ese punto de ruptura.
Durante años se ha repetido que aquello fue “la primera vez” que ardía un parlamento en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa frase circula mucho, pero lo que sí aparece documentado de forma recurrente es otro dato: que fue la primera vez desde 1933 que población civil incendiaba un parlamento elegido democráticamente, una comparación que inevitablemente remite al incendio del Reichstag como referencia histórica. Y esa precisión importa, porque evita convertir el episodio en un eslogan y lo devuelve a su lugar: el de una tragedia política y social en el corazón de una ciudad.
Lo que vino después tuvo lecturas distintas. Algunas crónicas sostienen que el impacto mediático puso las reivindicaciones sobre la mesa y ayudó a “suavizar” en parte los expedientes que se planteaban para varias factorías, aunque el cierre de algunas acabó llegando con el tiempo. Otras interpretaciones han querido ver aquel día como el inicio de un cambio de modelo. Pero, desde Cartagena, la pregunta que duele no es qué lectura quedó mejor en el titular; la pregunta es qué quedó en la realidad cotidiana.
Porque hoy, en este aniversario, lo que se palpa en la conversación de calle es que la situación de Cartagena no mejora como debería. Y aquí es donde conviene hablar sin disfraces: la ciudad parece, a ratos, aletargada. Entretenida con un pan y circo que ni siquiera nos dan, pero que vemos pasar en pantallas, en debates vacíos, en promesas que se repiten cada ciclo. Y mientras tanto, el balance se nota en lo concreto: menos servicios, inversiones que no llegan o llegan tarde, y una pérdida lenta —pero constante— de peso dentro de esta Región de Murcia cada vez más centralista en su forma de repartir, decidir y priorizar.
Lo más amargo es que aquel fuego de 1992 nació, en el fondo, de la impotencia. De la sensación de que te están truncando un futuro delante de tu cara y no hay puerta a la que llamar. Hoy, décadas después, el futuro no es precisamente alentador cuando se mira desde ciertos barrios, desde cierta gente joven que se marcha, desde cierta industria que vuelve a estar en la cuerda floja, desde esa impresión de que Cartagena siempre tiene que justificar lo que es: una ciudad estratégica, histórica, portuaria, industrial, cultural… y, aun así, tratada como si fuera periférica dentro de su propia tierra.
Por eso el aniversario no debería quedarse en el recuerdo del humo, ni en la fotografía impactante, ni en la frase grandilocuente. Debería obligarnos a mirar la raíz: qué se rompió entonces entre ciudadanía e instituciones, y qué parte de esa grieta sigue abierta. No para repetir el pasado —nunca—, sino para no resignarnos a un presente de mínimos.
Cartagena no necesita más discursos: necesita decisiones. No necesita ceremonias: necesita servicios. No necesita que le expliquen su valor: necesita que ese valor se traduzca en inversiones, en planificación, en respeto político. Y si aquel 3 de febrero de 1992 nos dejó una lección, es esta: cuando un pueblo siente que le están apagando el porvenir, el silencio no siempre es paz; a veces es solo la antesala de la rabia. La responsabilidad de la democracia es evitar que la vida empuje a nadie hacia el borde. Y la responsabilidad de Cartagena es no aceptar, una vez más, que el borde sea su sitio natural.
