El pleno ordinario del Ayuntamiento de Cartagena, celebrado este jueves 26 de febrero bajo la presidencia de la alcaldesa Noelia Arroyo, arrancó con una declaración institucional de marcado carácter estratégico: el respaldo unánime de la Corporación a los trabajadores de las empresas auxiliares vinculadas al complejo industrial de SABIC en La Aljorra. Un pronunciamiento que trasciende lo simbólico y que sitúa la defensa del tejido industrial como prioridad política compartida.
El Ayuntamiento subrayó que la industria química y su red de auxiliares constituyen uno de los pilares productivos del municipio. No se trata únicamente de empleo directo —cientos de familias dependen de esta actividad— sino de la estabilidad de toda una cadena de valor, del mantenimiento de la capacidad tecnológica instalada y de la competitividad territorial en un contexto europeo que avanza hacia la autonomía estratégica.
En esa línea, la Corporación instó a las administraciones superiores a articular mecanismos fiscales extraordinarios que permitan reducir costes fijos de producción mediante bonificaciones e incentivos específicos. El objetivo es claro: asegurar la continuidad de la actividad industrial y reforzar la soberanía productiva en sectores considerados clave. Además, se solicitó que Cartagena sea declarada zona industrial preferente para la captación de fondos de reindustrialización, en coherencia con los planes comunitarios vinculados a la transición energética y al refuerzo de capacidades industriales.
El acuerdo institucional también incluye la defensa de la antigüedad laboral como elemento de estabilidad en los convenios sectoriales, así como la reconversión de áreas del complejo industrial ya inactivas para albergar nuevas industrias afines que aprovechen infraestructuras y conexiones logísticas existentes. Paralelamente, el Ayuntamiento activará unidades municipales de apoyo social, laboral y psicológico a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y los Servicios Sociales.
Tras este posicionamiento inicial, el pleno avanzó con una intensa agenda que combinó propuestas de carácter sanitario, social, urbanístico y patrimonial. Entre los acuerdos más relevantes figura la aprobación unánime de instar al Gobierno regional a crear una Unidad de Atención Integral de Quemados en el Hospital General Universitario Santa Lucía, dotada con recursos humanos y técnicos suficientes, e integrada en la red sanitaria regional. La iniciativa contempla su inclusión presupuestaria en las cuentas autonómicas de 2026 y persigue reforzar la seguridad asistencial en la comarca.
También obtuvo respaldo unánime la exigencia de soluciones ante las colas registradas en el Centro de Salud Virgen de la Caridad, así como la puesta en marcha inmediata del III Plan Municipal de Discapacidad, que incorporará una auditoría completa de accesibilidad en todo el término municipal y un calendario público de actuaciones con dotación presupuestaria específica.
La dimensión estratégica volvió a hacerse patente con la aprobación unánime para instar a la Comunidad Autónoma a declarar la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) como Actuación de Interés Regional, incorporando partidas presupuestarias en 2026 y reclamando la implicación de la Autoridad Portuaria. La moción incluyó además una enmienda para exigir al Gobierno central el desbloqueo del suelo industrial y la conexión ferroviaria mediante una variante de mercancías.
En el ámbito urbano y patrimonial, el pleno dio luz verde a inventariar y reactivar edificios municipales en desuso, a reforzar la prevención de incendios forestales mediante limpiezas preventivas, y a mejorar el aparcamiento del Hospital Santa Lucía con nuevas plazas, zonas específicas para movilidad reducida y marquesinas en la parada de autobús. Asimismo, se aprobó actualizar los requisitos económicos de la tarjeta municipal de jubilados conforme a la pensión mínima vigente.
El debate político también abordó cuestiones de mayor carga ideológica. Salió adelante, con el voto en contra del PSOE, Grupo Mixto y la edil no adscrita, una moción para regular la identificación facial en dependencias municipales, estableciendo que no se permita el acceso con prendas que oculten sustancialmente el rostro, salvo por razones médicas o de seguridad laboral. Igualmente prosperó otra iniciativa de rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España.
En paralelo, se aprobaron por unanimidad numerosas actuaciones de proximidad: mejoras en instalaciones deportivas como la pista municipal de atletismo o los campos de fútbol de Los Belones y Barrio Peral; intervenciones en barrios como La Concepción y San Félix; atención a las demandas de Los Triolas y Las Casas de Clares; medidas de seguridad en pozos sin brocal en Monte Miral; y actuaciones de conservación en elementos patrimoniales como el Monasterio de San Ginés de la Jara o los molinos Zabala y Luengo.
El pleno concluyó con una idea transversal que atravesó la mayoría de acuerdos: la necesidad de coordinación institucional y planificación a medio plazo. Desde la defensa del empleo industrial hasta la accesibilidad urbana, pasando por la sanidad, la logística o la recuperación patrimonial, la sesión evidenció una voluntad compartida de reforzar la posición estratégica de Cartagena en un escenario económico y social exigente.
