La gravedad de las cifras ha precipitado la respuesta. Diez mujeres y dos menores asesinados en lo que va de 2026 han llevado a la alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Noelia Arroyo, a convocar de forma extraordinaria y urgente a representantes municipales de toda España. La reunión, celebrada en la sede de la institución, no fue un gesto protocolario, sino un intento de ordenar, coordinar y reforzar la respuesta desde el ámbito más cercano a la ciudadanía: el municipal.
El mensaje que salió del encuentro fue claro. La protección de una mujer no puede depender del código postal en el que viva. Arroyo puso el acento en una desigualdad que, aunque conocida, se hace más evidente cuando las cifras de asesinatos obligan a mirar de frente la eficacia del sistema. “Todas las mujeres que estén amenazadas y que tengan que denunciar, o todas las mujeres que se sientan en una situación de riesgo, deben tener el mismo acceso a todos los recursos”, afirmó tras la reunión.
La Comisión abordó de manera específica cómo ejecutar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con criterios que aseguren su llegada real a todo el territorio. El objetivo es que los fondos permitan sostener una cartera mínima de servicios en cualquier municipio, sin que la protección dependa del tamaño de la plantilla municipal ni de la cercanía a una capital de provincia. Se trata, en esencia, de evitar que la respuesta institucional se fragmente y de garantizar que el dinero se traduzca en recursos operativos y accesibles.
Esa brecha territorial es especialmente visible entre grandes ciudades y municipios pequeños o dispersos. En los núcleos urbanos suelen concentrarse equipos especializados, dispositivos de emergencia y servicios sociales con mayor dotación de personal. En cambio, en el ámbito rural, muchos ayuntamientos carecen de capacidad suficiente para atender casos complejos, especialmente cuando afectan a mujeres con discapacidad, inmigrantes o víctimas que requieren una intervención multidisciplinar inmediata.
Arroyo defendió que, con independencia del lugar de residencia, debe garantizarse desde la atención psicológica hasta el acompañamiento personalizado y los recursos habitacionales. La activación ágil de sistemas como Sistema VioGén, junto con el resto de dispositivos de protección, fue señalada como una pieza clave para que la respuesta no se demore y la coordinación entre administraciones funcione sin fisuras.
La próxima reunión ordinaria de la comisión servirá para avanzar en ajustes concretos que mejoren la respuesta municipal y para recopilar buenas prácticas ya implantadas en algunos municipios con el fin de extenderlas a otros. La intención es construir un marco común de actuación que permita reaccionar antes y mejor, homogeneizando el acceso a los recursos básicos. Que una denuncia o una situación de riesgo active la misma puerta de entrada en cualquier punto del país no es solo una cuestión administrativa, sino una garantía de igualdad efectiva.
En un contexto marcado por el dolor de las cifras, el municipalismo busca ahora transformar la preocupación en estructura, la voluntad en coordinación y los fondos en protección real. Porque la lucha contra la violencia de género no admite diferencias territoriales cuando lo que está en juego es la vida.
