El Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca han sellado un acuerdo que aspira a transformar de manera profunda la relación entre la administración local y el sector de la construcción, uno de los pilares económicos del municipio. La firma del convenio, celebrada en la Oficina de Empresa del Consistorio, reunió a la alcaldesa Noelia Arroyo, a los concejales de Empleo y Desarrollo Económico, a la junta directiva de la patronal de la construcción y a representantes de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales y de la Cámara de Comercio, en un acto que simboliza una nueva etapa de cooperación institucional.
El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables hasta ocho, establece un marco de corresponsabilidad basado en la confianza mutua. El Consistorio ofrecerá acompañamiento técnico personalizado y celebrará reuniones periódicas con el objetivo de resolver dudas y facilitar los procedimientos administrativos. Por su parte, la asociación se compromete a que sus empresas asociadas presenten documentación técnica rigurosa y cumplan de forma estricta la normativa vigente. La alcaldesa subrayó que la prioridad es clara: agilizar la tramitación urbanística sin rebajar las garantías legales, evitando que los procedimientos se conviertan en un obstáculo para la inversión y el desarrollo.
Desde el sector empresarial se valora el convenio como un respaldo decisivo en un contexto especialmente complejo para el urbanismo, marcado por exigencias técnicas cada vez mayores y procesos administrativos prolongados. La presidenta de la asociación de constructores, Antonia González, destacó que la iniciativa no solo beneficia al tejido empresarial, sino también al conjunto de la ciudadanía, ya que una gestión más eficiente estimula la inversión y resulta clave para afrontar el reto del acceso a la vivienda. González recordó además que la construcción atraviesa un momento delicado debido al encarecimiento de los materiales y a la escasez de mano de obra cualificada, factores que dificultan el ritmo de nuevos desarrollos residenciales. Reducir plazos y reforzar la seguridad jurídica, insistió, permitirá responder con mayor eficacia a la demanda habitacional.
Este nuevo escenario de colaboración institucional se complementa con recientes medidas adoptadas por la Junta de Gobierno local para acelerar la implantación de proyectos estratégicos. Entre ellas, destaca la aprobación de los criterios que permitirán declarar Proyectos de Interés Municipal aquellas iniciativas que superen los dos millones de euros de inversión o generen al menos veinticinco empleos. Esta figura permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos y situará a la Oficina de Empresa como interlocutor único para el inversor, simplificando gestiones y eliminando barreras burocráticas que tradicionalmente ralentizan la puesta en marcha de grandes actuaciones.
La estrategia municipal para dinamizar el sector se apoya también en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un documento largamente esperado que incorpora reivindicaciones históricas de los promotores. Entre sus principales novedades se encuentran las compensaciones urbanísticas por hallazgos arqueológicos. De este modo, si durante la ejecución de una obra aparecen restos patrimoniales, el promotor podrá obtener incrementos de edificabilidad de hasta el treinta y cinco por ciento, porcentaje que podrá alcanzar el cuarenta por ciento en el caso de viviendas protegidas. Asimismo, cuando no sea posible edificar en el solar afectado, el aprovechamiento urbanístico podrá trasladarse a otra parcela, evitando pérdidas económicas para el promotor.
Otra medida relevante se centra en la reducción de costes de construcción mediante cambios en el cómputo urbanístico. Los garajes en superficie dejarán de restar plantas destinadas a vivienda al no contabilizar en la edificabilidad total, lo que permitirá optimizar los proyectos residenciales y abaratar su ejecución. En paralelo, se refuerzan los incentivos a la vivienda protegida: las promociones que se desarrollen en suelo libre contarán con una prima de edificabilidad del cuarenta por ciento, porcentaje que se elevará al cincuenta por ciento cuando se trate de suelo de titularidad pública.
El nuevo planeamiento también amplía de forma considerable la capacidad de crecimiento de la ciudad. El suelo residencial aumenta en setecientas hectáreas y fija como horizonte la construcción de hasta cien mil viviendas, una previsión que busca responder al crecimiento demográfico y a la demanda futura. En el ámbito industrial, se incorporan cerca de siete millones de metros cuadrados adicionales en zonas estratégicas para el desarrollo económico, reforzando espacios empresariales consolidados y favoreciendo la atracción de nuevas inversiones productivas.
La simplificación administrativa ya comienza a reflejarse en los datos municipales más recientes. Durante el último año se tramitaron más de cinco mil expedientes urbanísticos, entre ellos cientos de licencias de obra mayor, junto a un elevado número de declaraciones responsables y comunicaciones previas que han permitido a autónomos y pequeñas empresas iniciar su actividad con mayor rapidez. Estas cifras evidencian un cambio de tendencia en la gestión urbanística local, orientado a reducir tiempos de espera y facilitar la actividad económica.
Con este convenio, Cartagena consolida una hoja de ruta basada en la cooperación público-privada, la seguridad jurídica y la agilidad administrativa, pilares que buscan fortalecer al sector de la construcción, estimular la inversión y avanzar hacia un modelo urbano capaz de responder a las necesidades reales de vivienda y desarrollo económico del municipio.
