La tensión en torno a los proyectos fotovoltaicos en el entorno del Mar Menor vuelve a aumentar tras la reciente decisión judicial que permite retomar las obras paralizadas cautelarmente. La Plataforma de Afectados por Fotovoltaicas ha alzado la voz para expresar su profunda preocupación ante un fallo que, a su juicio, prioriza los intereses económicos de la empresa promotora frente a la protección ambiental y social de un espacio especialmente sensible.
El juzgado ha acordado levantar la suspensión cautelar con el objetivo de evitar perjuicios económicos a la empresa, una resolución que ha sido recibida con indignación por parte de los vecinos afectados. Desde la plataforma se insiste en que la decisión ignora el contexto de alta vulnerabilidad ecológica en el que se ubica el proyecto, dentro de una zona catalogada como de máxima protección ambiental, donde cualquier actuación debería estar sujeta a un control especialmente riguroso.
Los residentes continúan señalando discrepancias entre lo estipulado en el Informe de Impacto Ambiental y las actuaciones que se están ejecutando sobre el terreno. Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición expresa de realizar obras entre los meses de marzo y julio, un periodo considerado crítico para la fauna y el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, según denuncian, los trabajos han sido reanudados incumpliendo esta limitación.
Durante el proceso judicial, el debate se ha centrado fundamentalmente en si existió una modificación del aterrazamiento del terreno, dejando en un segundo plano otras intervenciones que los vecinos consideran igualmente graves. Entre ellas, destacan la compactación del suelo, la alteración de los márgenes de caminos y la modificación de las escorrentías naturales del agua, actuaciones que podrían tener consecuencias directas sobre el ya delicado equilibrio del entorno.
La preocupación aumenta al tener en cuenta que el propio informe ambiental reconoce la ausencia de un análisis de alternativas con menor impacto. En un territorio que ya soporta una fuerte presión derivada de la actividad agrícola intensiva, esta carencia resulta, para la plataforma, especialmente alarmante, al no haberse explorado opciones más sostenibles o menos invasivas.
A este escenario se suma un nuevo elemento que añade incertidumbre al proceso: la propuesta de la empresa de transformar el proyecto en una instalación agrivoltaica, con estructuras que alcanzarían aproximadamente los cuatro metros de altura. Los vecinos consideran que este cambio no puede tratarse como una simple modificación del proyecto inicial, sino que constituye una actuación completamente distinta que debería someterse a una nueva evaluación ambiental y a la obtención de una nueva licencia administrativa.
Ante la falta de respuesta institucional, la plataforma ha anunciado que emprenderá acciones ante la Consejería de Medio Ambiente, después de más de tres meses intentando, sin éxito, mantener una reunión. Los vecinos aseguran que acudirán con alegaciones formales, documentación gráfica y pruebas que respalden sus denuncias, en busca de una intervención que hasta ahora no se ha producido.
Asimismo, critican el papel desempeñado por el Ayuntamiento durante el proceso judicial, al considerar que no ha defendido con la suficiente firmeza la paralización de las obras que inicialmente se logró gracias a la movilización vecinal. Esta percepción ha reforzado la sensación de desamparo entre los afectados.
En este contexto, la plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía para que se implique y alce la voz ante lo que consideran una grave injusticia y un despropósito ambiental. El conflicto, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva fase marcada por la movilización social y la búsqueda de respuestas en el ámbito institucional, mientras el futuro del entorno del Mar Menor vuelve a situarse en el centro del debate.
