La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha firmado un bando que apela a la responsabilidad de propietarios y ciudadanía en un momento especialmente delicado para el municipio. Tras una temporada de lluvias generosa y con el ascenso de las temperaturas ya en marcha, el crecimiento acelerado de la vegetación se ha convertido en un factor de riesgo que el Ayuntamiento quiere atajar antes de que se traduzca en incendios, focos de insalubridad o proliferación de plagas.
El documento, dictado desde la Alcaldía, no deja margen a la ambigüedad. La acumulación de rastrojos, maleza y residuos vegetales en solares, parcelas y terrenos urbanos no es solo una cuestión estética. Es, sobre todo, un problema de seguridad y salud pública. El olor, la presencia de insectos y roedores, y el peligro real de fuego en entornos próximos a viviendas convierten el descuido en una amenaza colectiva. De ahí el llamamiento explícito a mantener los terrenos en condiciones adecuadas de limpieza y ornato.
El bando establece con claridad que los propietarios están obligados a desbrozar y retirar los restos vegetales, evitando cualquier acumulación que pueda comprometer la seguridad o el decoro urbano. No se trata de una recomendación, sino de un deber vinculado a la normativa urbanística y ambiental vigente. Además, se recuerda que esas labores deben realizarse con respeto escrupuloso a la legislación, quedando expresamente prohibida la eliminación de vegetación protegida.
La preocupación municipal se extiende también a los terrenos forestales colindantes con edificaciones. En estos casos, deberán aplicarse tratamientos selvícolas sobre la vegetación potencialmente combustible para reducir el riesgo de incendios. La referencia es concreta: una faja perimetral de 30 metros de anchura, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Es una medida preventiva que cobra especial relevancia en enclaves de alta sensibilidad ambiental, como el litoral y la ribera del Mar Menor, donde la protección del entorno natural se suma a la defensa de viviendas y núcleos poblados.
El Ayuntamiento subraya que el incumplimiento de estas obligaciones no quedará sin respuesta. El texto contempla la adopción de medidas administrativas, incluida la ejecución subsidiaria a cargo del propietario si fuera necesario, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador. Es decir, la administración podrá intervenir y repercutir los costes cuando el propietario no actúe.
Más allá del tono jurídico del bando, el mensaje es claro: la prevención comienza en cada parcela. En un municipio extenso y diverso como Cartagena, donde conviven suelo urbano, zonas agrícolas, áreas forestales y espacios litorales de enorme valor ecológico, la limpieza de rastrojos no es una cuestión menor. Es una pieza más en la estrategia para garantizar la salubridad pública, reducir riesgos y preservar un entorno que es patrimonio común.
