En Cartagena, muchas decisiones siguen llegando envueltas en trámites, protocolos y plazos, pero no siempre en certezas. La última Junta de Gobierno Local deja una sensación ambivalente: se evita lo peor, sí, pero sin despejar del todo las dudas sobre el futuro inmediato de servicios públicos, instalaciones y ayudas sociales.

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado el procedimiento para solicitar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la cesión de dos parcelas en el Parque Rafael de la Cerda, una operación necesaria para impedir el cierre de unas instalaciones deportivas que llevaban tiempo en una situación límite. El movimiento llega tarde para muchos usuarios, que han visto cómo el deterioro avanzaba mientras las administraciones se pasaban la responsabilidad unas a otras.

Las parcelas suman más de 12.000 metros cuadrados y albergan piscinas, vestuarios, pistas deportivas y zonas polivalentes. El acuerdo aprobado en mayo, sin coste económico, se basa en una mutación demanial que permitirá al Ayuntamiento gestionar las instalaciones durante un año, prorrogable otro más. El problema es que todo queda condicionado a un proyecto de obras de la Mancomunidad que todavía no se ha materializado y a una depuración jurídica y catastral que sigue “en trámite”. Mucha letra pequeña para unas instalaciones que necesitan algo más que buenas intenciones para seguir abiertas en condiciones dignas.

En el ámbito económico, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde a la división del edificio municipal de Contentpolis, en Los Camachos, para facilitar su concesión y convertirlo en un futuro centro de apoyo tecnológico para empresas. Sobre el papel, la idea suena bien; en la práctica, vuelve a tratarse de un proyecto a medio construir, tanto física como conceptualmente. Uno de los espacios, de unos 2.900 metros cuadrados, ha despertado el interés del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, mientras que otro se reserva para un uso similar junto a la Comunidad Autónoma.

La operación afecta a una parcela valorada en más de 877.000 euros y a una edificación que supera el millón de euros, cifras que contrastan con el largo historial de proyectos anunciados en esta zona que nunca terminan de despegar. De momento, más planificación que resultados, y un polígono industrial que sigue esperando que las promesas se traduzcan en actividad real.

En materia ambiental, el Ayuntamiento ha aceptado una subvención directa de 3,5 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar las redes de saneamiento y proteger el Mar Menor. La inversión es necesaria y llega en un contexto de máxima sensibilidad ambiental, pero el plazo de ejecución —hasta 48 meses— vuelve a situar las soluciones en el largo recorrido, mientras los problemas de filtraciones y vertidos siguen siendo una amenaza constante.

Donde sí hay cifras concretas es en la liquidación del convenio del Fondo Social del Agua con Hidrogea. La extinción del acuerdo permitirá ingresar más de 1,4 millones de euros no ejecutados entre 2018 y 2025 en la Tesorería Municipal. El dinero se destinará, según se ha anunciado, a fines sociales y al apoyo a familias vulnerables. La pregunta es inevitable: ¿por qué ese fondo ha permanecido sin utilizar durante años mientras muchas familias seguían teniendo dificultades para pagar el recibo del agua?

El Ayuntamiento defiende que este paso es imprescindible para crear un nuevo convenio más ágil y eficaz. Habrá que ver si esa nueva herramienta llega a tiempo y, sobre todo, si logra corregir una gestión que hasta ahora ha dejado recursos parados mientras las necesidades crecían.

En conjunto, la Junta de Gobierno deja más sensación de contención que de avance. Se evitan cierres, se ordenan papeles y se anuncian proyectos, pero casi todo queda supeditado a plazos futuros, obras pendientes y acuerdos por concretar. Cartagena sigue avanzando, sí, pero con el freno de mano puesto y demasiadas cuestiones importantes aún por resolver.