Las leyes, como las palabras, nunca son inocentes. Detrás de cada denominación oficial, de cada capitalidad y de cada sede institucional, hay una elección política que acaba moldeando el relato colectivo. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nació en los años de la Transición con la intención de dotar de autogobierno a un territorio diverso, antiguo y complejo, pero desde el primer momento arrastró una contradicción que aún hoy no ha sido resuelta: el nombre de la región coincide con el de una ciudad, y esa coincidencia ha terminado diluyendo a las demás.
La Constitución española es clara en un punto que a menudo se cita poco y se reflexiona menos: los Estatutos de Autonomía deben recoger la denominación de la comunidad “que mejor corresponda a su identidad histórica”. La historia, por tanto, no es un adorno retórico, sino un criterio constitucional. Y cuando se habla de identidad histórica en este territorio, conviene recordar algo elemental: Cartagena fue capital mucho antes de que Murcia apareciera siquiera en los mapas.
Cartagena lo fue en época cartaginesa, cuando la ciudad se convirtió en el principal enclave del sudeste peninsular; lo fue durante siglos bajo dominio romano, como una de las ciudades más importantes de Hispania; y volvió a ser capital en época bizantina, cuando fue sede de la provincia de Hispania. No se trata de nostalgia ni de reivindicaciones románticas, sino de hechos históricos objetivos que forman parte del sustrato profundo de esta tierra. Frente a eso, Murcia es una fundación medieval, nacida siglos después, con un recorrido histórico respetable, pero incomparable en antigüedad y centralidad política durante la Antigüedad.
Y sin embargo, cuando llegó el momento de configurar la autonomía, la capitalidad se fijó en Murcia. No porque la Constitución lo impusiera —no lo hace—, sino porque el Estatuto así lo decidió. La Constitución no asigna capitales autonómicas; deja esa decisión en manos de los Estatutos y, por tanto, de la política. Ahí se produjo una elección que no fue inevitable, sino circunstancial: se optó por la continuidad administrativa, por el peso que ya tenía Murcia como centro provincial y por una correlación de fuerzas muy concreta en los años de la Transición.
El contraste con otros territorios es evidente. Extremadura resolvió su equilibrio interno designando capital autonómica a Mérida, una ciudad que no era capital de provincia, pero que representaba mejor la historia común y evitaba la hegemonía de una ciudad sobre las demás. Aquí no se hizo así. Aquí se prefirió concentrar la capitalidad ejecutiva en Murcia y compensar parcialmente a Cartagena situando en ella la Asamblea Regional.
Ese gesto no fue menor. La Asamblea Regional no es un edificio decorativo ni un símbolo vacío: es la sede del poder legislativo, donde se aprueban las leyes, los presupuestos y donde el Gobierno regional rinde cuentas. En sentido estricto, Cartagena es la capital parlamentaria de la Comunidad Autónoma. El problema es que, con el paso del tiempo, ese hecho se ha minimizado, relegado a una nota al pie, mientras la capitalidad administrativa ha ido absorbiendo visibilidad, recursos y relato.
Y aquí entra en juego el verdadero conflicto: el lenguaje. Oficialmente vivimos en la Región de Murcia, pero nadie dice Región de Murcia. Se dice Murcia. En titulares, en campañas, en discursos y en conversaciones cotidianas, Murcia funciona como sinónimo del conjunto. El resultado es una confusión permanente en la que una ciudad acaba representando a todas, apropiándose —muchas veces sin intención consciente— de logros, productos, tradiciones y prestigios que nacen en otros municipios.
Esta dinámica se hace especialmente evidente en la gastronomía y la cultura. Existe una auténtica obsesión por adjetivar todo como “murciano”: cocina murciana, productos murcianos, recetas murcianas. Y así, platos profundamente ligados a Cartagena y a su costa, como la marinera o el caldero, se diluyen bajo un gentilicio genérico que borra su origen concreto. No es una cuestión de orgullo local mal entendido; es una cuestión de precisión y de respeto. En el resto de España, los nombres importan y se conservan: miguelitos de La Roda, torta del Casar, queso Idiazábal. Aquí, en cambio, el adjetivo murciano actúa como una esponja que todo lo absorbe.
El problema no es Murcia ciudad. El problema es que el nombre de la región se haya simplificado hasta confundirse con una sola ciudad, y que esa simplificación haya terminado construyendo un relato desigual. Porque cuando todo es Murcia, lo que no es Murcia desaparece del imaginario colectivo.
Quizá haya llegado el momento de plantear, sin dramatismos ni enfrentamientos, una reflexión serena sobre el nombre de la Comunidad. Un cambio de denominación, más inclusivo y menos confuso, no sería una solución definitiva, pero sí un paso temporal para corregir un desequilibrio simbólico que afecta al conjunto del territorio. No para restar, sino para sumar; no para borrar, sino para visibilizar.
Porque antes de que alguien pronunciara por primera vez el nombre de Murcia, ya existían ciudades, puertos, caminos y civilizaciones en esta tierra. Y una comunidad que olvida eso en su propio nombre corre el riesgo de olvidar, poco a poco, a quienes también la construyen cada día.
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